Por otra parte, en cuanto a la jurisdicción penal militar la Comisión concluyó que el Estado violó el
derecho a contar con un juez independiente e imparcial ya que el proceso estuvo a cargo de quien fungió como
su abogado defensor en el proceso administrativo disciplinario. Asimismo, estimó que el Estado incumplió su
deber de comunicar previa y detalladamente a la víctima la acusación formulada. Por último, concluyó que se
violó el derecho de defensa debido a que el 16 de septiembre de 1997 el Consejo Supremo de Justicia Militar
declaró nula la sentencia dictada en contra de la víctima y el 15 de septiembre de 1997 se dictó una nueva
sentencia por el delito de desobediencia tras volver a calificar los hechos, pese a que este delito no estaba
contenido ni en la acusación formulada por la Fiscalía Militar ni en el informe final del Juez Militar. En cuanto a
la jurisdicción penal ordinaria, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a contar con una motivación
suficiente respecto del aumento de la pena que sufrió la víctima, ya que el 17 de abril de 1996 fue condenada a
la pena de seis años de prisión y el 19 de junio de 1997, tras resolver un recurso de nulidad, el tribunal aumentó
la pena de la víctima de 6 a 15 años sin motivar suficientemente dicha decisión.
La CIDH concluyó además que el Estado violó el principio de non bis in idem ya que se profirieron dos
sentencias condenatorias que impusieron sanciones de la misma naturaleza (en la vía penal militar y penal
ordinaria) sobre la base de los mismos hechos. En particular, el delito de “desobediencia” en la jurisdicción
penal militar se basó parcialmente en que los hechos encuadran en el delito de tráfico ilícito de drogas que se
ventiló en la vía ordinaria. Además, en cuanto a la correlación entre la vía disciplinaria y la jurisdicción penal
militar y ordinaria, la Comisión concluyó que el Estado asimiló conductas penales a faltas disciplinarias, lo que
constituyó una violación adicional al mencionado principio.
Adicionalmente, la CIDH estimó que se violó el derecho a la libertad personal porque no existió una
motivación individualizada sobre los fines procesales perseguidos mediante la detención preventiva y la misma
tuvo como base indicios de responsabilidad y la gravedad del delito. Aunado a ello, la Comisión estimó que la
duración de la detención preventiva por más de tres años y seis meses fue excesiva y no se realizó una revisión
periódica de la necesidad de la misma, violando también la presunción de inocencia. Finalmente, se violó el
derecho a contar con un recurso efectivo para cuestionar la privación de libertad.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y aceptó la
competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
La CIDH ha designado al Comisionado Paulo Vannuchi y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus
delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Silvia Serrano Guzmán y Christian
González Chacón, abogada y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesor
legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia
del Informe de Fondo Nº 42/17 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración
del Informe Nº 42/17 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú mediante
comunicación de 23 de junio de 2017, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento
de las recomendaciones. El Estado de Perú presentó un escrito en el cual rechazó las conclusiones del informe
de fondo e indicó que no correspondía disponer reparación alguna a favor de la víctima.

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