47 del señor Quispialaya denota una falta de diligencia de parte de las autoridades del Ministerio Público. 187. Finalmente, con respecto al cuarto elemento, el cual se refiere a la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de las personas involucradas, la Corte ha dicho que para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve 186. En el presente caso la Corte considera que no es necesario realizar el análisis del mismo para determinar la razonabilidad del plazo de las investigaciones aquí referidas. 188. Con base en lo expuesto, esta Corte concluye que el Estado ha incurrido en una falta de razonabilidad del plazo para llevar a cabo una investigación independiente e imparcial, en violación del artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Valdemir Quispialaya Vilcapoma y de Victoria Vilcapoma Taquia. E. Investigación de las amenazas denunciadas E.1 Argumentos de las partes y de la Comisión 189. La Comisión advirtió que existió un clima de riesgo respecto de las personas que participaron en el proceso. En este sentido observó que el señor Quispialaya puso en conocimiento de las autoridades las amenazas y amedrentamientos que sufrió por parte del Suboficial Hilaquita Quispe a fin de que desistiera de la denuncia que había realizado en su contra. Igualmente, notó que los ex compañeros de servicio de Valdemir Quispialaya estaban siendo amenazados por el denunciado para cambiar su versión de lo ocurrido. Asimismo, refirió que el testigo Edson Huayra Arancibia sufría intimidación y coacción por parte de Hilaquita Quispe como consecuencia de su declaración en el proceso. 190. Al respecto, la Comisión señaló que no constaba en el expediente que se hubiera iniciado alguna investigación o adoptado alguna medida por parte del Ministerio Público en relación a las amenazas denunciadas a fin de salvaguardar el objeto y fin del proceso penal. 191. En este sentido, manifestó que las gestiones realizadas frente a las medidas de protección solicitadas se limitaron a la constatación de las situaciones denunciadas, sin que se haya emitido una sola medida de protección. 192. Los representantes de las víctimas mencionaron diversos episodios de amenazas y amedrentamientos, los cuales fueron detallados en el capítulo de Hechos (supra párr. 97 a 104). En ese sentido, alegaron que estos episodios no solo tenían una grave incidencia en la sensación de impunidad e impotencia de las víctimas, sino que además ocasionaron que otros reclutas que habían sido víctimas de hechos similares se hayan abstenido de denunciarlos, perpetuando un contexto de tortura e impunidad. 193. El Estado refirió que frente a las amenazas, agresiones y hostigamientos existían mecanismos establecidos por la normativa interna peruana como el sistema de denuncias de la Defensoría del Pueblo y las solicitudes de garantías personales ante la autoridad política, y que así, las autoridades correspondientes adoptaron medidas de protección, dentro de sus competencias, a favor de la presunta víctima, su madre y Edson Huayra Arancibia. 186 309. Cfr.Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 155, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, párr.