de los hechos y los procesos internos será referido en la sección de Hechos Probados, basado en la información aportada por ambas partes. 7. Respecto de la alegada violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, la parte peticionaria alegó que las autoridades militares que conocieron el procedimiento de destitución y el proceso penal no garantizaron el principio de presunción de inocencia, pues afirmaron la culpabilidad del señor Grijalva antes emitir las decisiones finales. 8. En relación con el procedimiento de destitución del señor Grijalva, alegó que se vulneraron los principios de independencia e imparcialidad debido a que algunos de los miembros del Consejo de Oficiales Superiores que conocieron el asunto habían sido acusados en la denuncia que realizó la presunta víctima, y que se trataba de un tribunal especial. La parte peticionaria también sostuvo que no se permitió al señor Grijalva defenderse en el procedimiento. Agregó que la decisión de destitución se basó únicamente en testimonios falsos u obtenidos bajo tortura. Sostuvo que el Tribunal de Garantías Constitucionales emitió una sentencia reconociendo la ilegalidad de la destitución y ordenando que la reincorporación. Indicó que dicha sentencia no fue cumplida por el Estado, vulnerando el derecho a la protección judicial. Respecto del proceso penal militar, alegó que se vulneró el derecho al juez natural, pues el señor Grijalva fue procesado en dicho fueron a pesar de haber sido destituido. Indicó que la presunta víctima no tuvo oportunidad de defenderse y que la sentencia se basó en los mismos testimonios obtenidos bajo tortura que fueron empleados en el procedimiento de destitución. 9. Señaló que la Comisión de la Verdad (en adelante “la CEV”) incluyó al señor Grijalva en su informe “Sin verdad no hay justicia”, acreditando que fue arbitrariamente separado de su cargo debido a las denuncias efectuadas. Agregó que en el año 2015, el Ministerio de Defensa Nacional develó una placa con un ofrecimiento de disculpas a la presunta víctima y a otros ex compañeros. Manifestó que estos hechos y la postura del Estado de no reconocer su responsabilidad internacional “resultaba jurídicamente incoherente”. 10. En la etapa de fondo, la parte peticionaria alegó adicionalmente: i) la vulneración del deber de adoptar disposiciones de derecho interno debido a que la normativa militar aplicada durante los procesos en su contra era inconvencional; ii) la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, y derecho a la familia; iii) la violación del derecho a la igualdad ante la ley puesto que las normas que regularon su procedimiento de destitución le fueron aplicadas de forma discriminatoria ya que otros miembros de la Fuerza Naval no fueron sancionados con el mismo rigor; iv) la violación del derecho a la propiedad privada debido a la separación de la Fuerza Naval del señor Grijalva y su correspondiente pérdida de los ahorros y beneficios laborales de los que disfrutaba como Capitán; v) los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y vi) diversos artículos del Protocolo de San Salvador. B. Estado 11. El Estado alegó que no es responsable internacionalmente pues la destitución del señor Grijalva se realizó de acuerdo a sus disposiciones internas y que no se basó en las alegadas denuncias sobre violaciones a derechos humanos, sino por el desempeño de sus funciones militares. Respecto del proceso ante el fuero militar indicó que también se realizó conforme a sus disposiciones internas y que se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia. Agregó que se garantizó a la presunta víctima una activa participación en el proceso por lo que pudo aportar pruebas e impugnar elementos probatorios en su contra. Alegó que se le permitió el acceso y conocimiento de las actuaciones durante el proceso ante el fuero militar. Argumentó en este proceso seguido ante el Consejo de Oficiales Superiores se garantizó el derecho al juez natural, pues se trató de ilícitos contemplados en el Código Penal Militar presuntamente cometidos durante el ejercicio de sus funciones en las Fuerzas Armadas. Agregó que la pena impuesta nunca fue ejecutada. 12. Respecto del derecho a la protección judicial, el Estado afirmó que la presunta víctima tuvo la oportunidad de interponer los recursos previstos en la legislación penal militar y que los mismos fueron resueltos por las autoridades competentes. Agregó que el señor Grijalva no presentó una “demanda de inconstitucionalidad de las normas” para impugnar las disposiciones legales utilizadas como fundamento en ambos procesos, incluyendo la normativa militar que alega como inconvencional. En relación con la falta de 2

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