cumplimiento de la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Estado indicó que el señor Grijalva
rechazó las propuestas de compensación económica realizadas por las Fuerzas Armadas, derivadas de una
acción de incumplimiento de sentencia presentada por otros ex compañeros de la presunta víctima.
13.
En relación con la creación y funcionamiento de la CEV, manifestó en la audiencia pública que
su creación “constituía una muestra de su empeño en lograr justicia y que permitiría el esclarecimiento de los
hechos de aquel entonces”. En su comunicación de abril de 2011 el Estado afirmó que a pesar de que el informe
de la Comisión de la Verdad se trataba de un documento “serio e importante por su metodología y objetivos de
no repetición de violaciones a derechos humanos”, este informe se realizó para que “la jurisdicción interna
investigue y juzgue con mayor dureza a los perpetradores de violaciones a derechos humanos”. Agregó que las
conclusiones de dicho informe “no contravenía las violaciones alegadas” por la parte peticionaria, sino que más
bien “buscaba demostrar que el señor Grijalva contaba con los medios idóneos en jurisdicción interna para
aliviar su situación”.
14.
Respecto de los demás alegatos presentados por la parte peticionaria, el Estado ecuatoriano
manifestó que limitaría sus observaciones a los derechos admitidos en el Informe de Admisibilidad.
III.

DETERMINACIONES DE HECHO

A.

Sobre las denuncias efectuadas por el señor Grijalva y su proceso de destitución

15.
En la época de los hechos Vicente Aníbal Grijalva Bueno era miembro de la Fuerza Naval del
Ecuador, con el cargo de Capitán de Corbeta perteneciente a la Dirección General de la Marina Mercante. Los
familiares del señor Grijalva son: su esposa, María Dolores Ycaza Columbus de Grijalva; y dos hijos de los cuales
la CIDH únicamente cuenta con el nombre de su hija Yanine.
16.
Según el informe de la CEV “Sin verdad no hay justicia”, en agosto de 1991 el señor Grijalva
recibió información de dos sargentos sobre la eventual responsabilidad del Capitán Fausto Morales Villota y
otros miembros de la Fuerza Naval en las detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y asesinatos de Stalin
Bolaños2 y Consuelo Benavides3, y del militar Elito Veliz. La CEV indicó que en diciembre de 1991 el señor
Grijalva denunció estos hechos a su superior inmediato, Vicealmirante Tomás Leroux4.
17.
En febrero de 1992 el señor Grijalva fue designado capitán de puerto en la ciudad de Puerto
Bolívar, provincia de El Oro5. Según lo manifestado por la Fuerza Naval en oficio de 27 de agosto de 2007, en
julio de 1992 el Servicio de Inteligencia le inició una investigación a él y otros agentes por: i) la publicación de
notas periodísticas en las que se señalaba que pescadores manifestaron ser víctima de extorsiones por parte
del personal naval en Puerto Bolívar; y ii) las denuncias del jefe de inteligencia Edgar Gavilánez y otras personas
sobre un presunto contrabando de combustible realizado por personal naval en Puerto Bolívar y el cobro a
trabajadoras sexuales para permitirles ingresar a los buques en dicho lugar6. La CIDH no cuenta con los anexos
sobre las notas periodísticas o denuncias a las que se hace referencia en este oficio.
18.
En el informe final del Servicio de Inteligencia, el cual no tiene fecha y tiene la leyenda de
“Reservado” se indicó que Vicente Grijalva: i) recibió de manera ilícita la cantidad de $300.000,00 sucres por el
trámite de un criadero de larvas habiendo entregado el recibo No. 0506 por únicamente $5.260 sucres; ii)
emitió una autorización para transportar combustible de contrabando al señor Leoncio Vargas quien fuese

2 En 1995 la Comisión emitió un informe

de fondo en el cual declaró responsable internacionalmente al Estado ecuatoriano por la detención
ilegal y arbitraria, y la muerte de Stalin Bolaños por parte de Infantes de Marina. CIDH. Informe de fondo No. 10/95. Caso 10.580. Manuel
Stalin Bolaños, Ecuador. 12 de septiembre de 1995, párr. 29.
3 En 1998 la Corte Interamericana emitió una sentencia declarando responsable internacionalmente a Ecuador por la detención ilegal y
arbitraria, actos de tortura y la muerte de Consuelo Benavides, por parte de la Infantería Naval Ecuatoriana. El Estado reconoció su
responsabilidad. Corte IDH. Caso Benavides Cevallos vs. Ecuador. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 35.
4 Informe de la Comisión de la Verdad “Sin verdad no hay justicia”, Tomo 4: Relatos de casos. Período 1989-2008, Ecuador, 2010, pág. 48.
5 Informe de la Comisión de la Verdad “Sin verdad no hay justicia”, Tomo 4: Relatos de casos. Período 1989-2008, Ecuador, 2010, pág. 48.
6 Anexo 1. Fuerza Naval, Oficio No. COGMAR-JUR-484-O, Quito, D.M., 27 de agosto de 2007, págs. 3 y 5. Anexo a la comunicación de la parte
peticionaria de 27 de junio de 2008.
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