En su Informe de Fondo la Comisión analizó las alegadas violaciones a los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de respeto y garantía en materia de uso de la fuerza conforme a los estándares interamericanos. Ello, dado que en sus observaciones el Estado procuró justificar el uso de la fuerza indicando que la presunta actitud agresiva del señor Aguas habría hecho necesario el uso de la fuerza por parte de la policía. En cuanto a las acciones preventivas, la Comisión observó que el Estado no acreditó que contara a la fecha de los hechos con un marco jurídico adecuado que regularan el uso de la fuerza por parte de los agentes de la policía y garantizara el derecho a la vida de quienes se encontraban bajo su jurisdicción. Determinó que el Estado tampoco acreditó haber brindado equipamiento apropiado a los funcionarios a cargo del uso de la fuerza, o haberlos seleccionado, capacitado y entrenado debidamente en la excepcionalidad del uso de la fuerza. En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que no es posible afirmar que la actuación estatal haya sido conducida en cumplimiento de los principios de legalidad y excepcionalidad del uso de la fuerza. En segundo lugar, y en relación con las acciones concomitantes a los hechos, la Comisión destacó que el uso de la fuerza en el arresto, que resulta constatable en las lesiones que le fueron infligidas a Aníbal Aguas, no cumplió con el principio de finalidad legítima ni de absoluta necesidad, ya que la alegada infracción o falta cometida por Aníbal Aguas ya había cesado al momento en que la policía llegó al lugar de los hechos. Por otra parte, la Comisión estimó que el uso de la fuerza y la intervención de siete agentes de la policía en tres vehículos policiales resultaba desproporcionado. En su análisis la Comisión tuvo en cuenta que la víctima no portaba armas, no había agredido a ningún individuo ni representaba una amenaza o peligro para los agentes o terceros y, además, se encontraba en estado de ebriedad. El Estado no probó que la fuerza empleada fuera proporcional, diferenciada, o progresiva en atención al grado de cooperación, resistencia o agresión de Aníbal Aguas. En consecuencia, la Comisión concluyó que el uso de la fuerza durante el arresto y traslado por parte de la policía nacional ecuatoriana no cumplió con los principios exigidos por la Convención Americana. En tercer lugar, respecto de las acciones posteriores a los hechos, la Comisión destacó que no es posible afirmar que la actuación estatal haya sido conducida en cumplimiento de los deberes de debida diligencia y humanidad, ya que a Aníbal Aguas no se le prestaron ni facilitaron en vida los servicios médicos correspondientes, ni su cadáver fue tratado de forma adecuada y digna. La Comisión consideró, por el contrario, que, conforme constató la propia justicia policial ecuatoriana, la acción de los miembros de la policía nacional se encaminó, más bien, a borrar los rastros de lo ocurrido y a construir una versión de los hechos exculpatoria de la responsabilidad policial. En atención a lo anterior, la Comisión estimó que el uso de la fuerza resultó arbitrario e injustificado. Asimismo, en vista de la carga de la prueba aplicable en este tipo de casos, la Comisión concluyó que la muerte de Aníbal Alonso Aguas Acosta por agentes del Estado ecuatoriano en el contexto de un operativo en el que existió un uso desproporcionado de la fuerza es atribuible al Estado y acarrea su responsabilidad por la violación del derecho a la vida. Asimismo, la Comisión observó que las lesiones que sufrió le ocasionaron severos sufrimientos físicos y mentales, de tal forma que constituyeron tortura. Por otra parte, la Comisión concluyó que las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima el señor Aguas debieron haber ser investigadas, enjuiciadas y sancionadas por el fuero ordinario y no en el fuero policial, el que carecía de competencia. Ello, debido al incumplimiento de las garantías de independencia e imparcialidad que ofrecía la justicia policial del Ecuador al tiempo en que se encontraba vigente tal fuero, conforme lo ha establecido la Corte Interamericana. La Comisión concluyó además que como resultado del marco jurídico que posibilitó que el caso fuera conocido en el fuero militar 2

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