-2-

3.
La Comisión, en la oportunidad para presentar observaciones a las listas definitivas de
declarantes, con fundamento en los artículos 50.5 y 52.3 del Reglamento, indicó no tener
observaciones que formular a los declarantes propuestos por el Estado. La presunta víctima,
dentro del plazo establecido para presentar observaciones escritas a las excepciones
preliminares del Estado y para remitir su lista definitiva de declarantes, presentó objeciones
a los declarantes propuestos por el Estado. Luego, en la oportunidad prevista para tales
efectos, no presentó observaciones. Por su parte, el Estado planteó una serie de
observaciones respecto del peritaje ofrecido por la Comisión.
4.
La Presidenta considera conveniente recabar las declaraciones ofrecidas por las partes
que no han sido objetadas, para que el Tribunal aprecie su valor en la debida oportunidad
procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana
crítica. Por consiguiente, la Presidenta admite el peritaje de la señora Tania Zuñiga
Fernández, propuesto por el Estado, según el objeto y modalidad que se determinan en la
parte resolutiva (infra punto resolutivo 1).
5.
A continuación, la Presidenta analizará en forma particular: a) la necesidad de convocar
a una audiencia pública en el presente caso; b) la admisibilidad del peritaje ofrecido por la
Comisión, y c) la admisibilidad de la declaración testimonial ofrecida por el Estado.
A. Necesidad de convocar a una audiencia pública en el presente caso
6.
La Presidenta recuerda que el artículo 15 del Reglamento del Tribunal señala que “la
Corte celebrará audiencias cuando lo estime pertinente”. En ese sentido, los artículos 45 y
50.1 del Reglamento facultan a la Corte o a su Presidencia a convocar a audiencias cuando
lo consideren necesario. Lo anterior expresa una facultad de la Corte o su Presidenta, que
ejercerán motivadamente y de manera consecuente con las características del caso, los
requerimientos procesales que deriven de ellas y la debida preservación de los derechos de
las partes2.
7.
A partir del estudio del Informe de Fondo, el escrito de solicitudes y argumentos, la
contestación del Estado y los demás documentos aportados al trámite de este asunto, la
Presidenta advierte que, prima facie, y sin perjuicio de las determinaciones que
oportunamente haga la Corte, la controversia de este caso es de índole jurídica. Asimismo,
la Presidenta observa que las declaraciones ofrecidas pueden ser evacuadas de forma escrita
por medio de declaraciones juradas ante fedatario público (affidávit).
8.
Por otra parte, la Presidencia advierte que la situación excepcional a causa de la
pandemia por la propagación del COVID-19, impone a la Corte deberes especiales en relación
con los derechos de las partes en los procesos adelantados ante este Tribunal. Los efectos
de la pandemia, que son de público conocimiento y persisten en la actualidad, implican
obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública de forma presencial. Resulta
incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones de fuerza mayor,
puedan ser superados3.

Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 5 de mayo de 2006, Considerando 11, y Caso Villarroel Merino y otros Vs. Ecuador. Resolución de la
Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 2020, Considerando 5.
2

Cfr. Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 6 de marzo de 2020, Considerando 7, y Caso Villarroel Merino y otros Vs. Ecuador, supra,
Considerando 7.
3

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