cumpliendo sus condenas, sería[n] liberados”. Asimismo, recordaron que, “[a]l
igual que las víctimas de estos casos, miles de víctimas de graves violaciones de
derechos humanos que han presentado sus casos y están a la espera de la
conclusión de investigaciones y juicios […] también se verían afectad[a]s por la
emisión de esta ley de prescripción”. En el escrito de 17 de junio de 2024,
agregaron que “personas investigadas o condenadas por los casos Barrios Altos y
La Cantuta o cualquier otro crimen de lesa humanidad ocurrido durante el conflicto
armado podrían solicitar el archivo de los casos y la liberación de las personas
condenadas”, teniendo en cuenta que la exposición de motivos del proyecto “señala
expresamente que ‘[l]a iniciativa legislativa beneficiará a muchas personas que
lucharon por la pacificación en la época en la que se enquistó el terrorismo en todo
Perú y que se encuentran procesados o sentenciados más de 30 años’”. Incluso,
informaron que “el abogado de Alberto Fujimori ya se ha pronunciado en medios
señalando que, de aprobarse esta iniciativa de ley, solicitarían su aplicación para
declarar la nulidad específicamente de los delitos cometidos en los casos La Cantuta
y Barrios Altos”. Finalmente, refirieron que “la supervisión cercana por parte de la
Corte Interamericana del avance en la investigación de los casos Barrios Altos y La
Cantuta ha tenido un rol clave para lograr avances, los cuales están en riesgo de
perderse”;
b)
en cuanto a la urgencia, alegaron que “la iniciativa de ley ya ha sido aprobada en
Comisiones y votada en el Pleno del Congreso con una mayoría simple” en un
primer debate, de modo que “lo único que falta para que esta iniciativa sea
aprobada por el Congreso es la segunda votación”. Añadieron que, “[s]i bien la
legislatura ha cerrado su período ordinario de sesiones […], actualmente está
sesionando la Comisión Permanente del Congreso”, que tendría la potestad de
aprobar este proyecto de ley, ya que el Congreso le “deleg[ó] […] la facultad de
legislar hasta el 19 de julio de 2024”. En ese sentido, indicaron que “la discusión
de esta iniciativa ya está en el orden del día y dispuest[a] a ser discutid[a]”, por
lo que “podría ser […] aprobad[a] en cualquier momento” sin necesidad de contar
con “mayoría calificada”. Señalaron que “de los 30 miembros titulares que
conforman la Comisión Permanente del Congreso, 16 votaron a favor de la
aprobación” del proyecto en primera votación, con lo cual “se tendría confirmada
la mayoría simple en dicha Comisión”. Añadieron que “[i]ncluso si el Poder
Ejecutivo hiciera comentarios a la iniciativa de ley, es posible aprobar la misma por
la figura de ‘insistencia’ que está establecida en el Reglamento del Congreso”.
Finalmente, resaltaron que el proyecto establece que la ley debe ser aplicada de
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, condenó a Alberto Fujimori Fujimori a 25 años de pena
privativa de la libertad, por su responsabilidad penal en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como el secuestro
de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, pena que vencería en febrero de 2032[; dicha] condena fue confirmada por la
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia emitida el 30 de
diciembre de ese mismo año”; (ii) “[p]osteriormente, mediante sentencia de 1 de octubre del 2010, la Primera Sala
Penal Especial de la Corte Superior de Lima condenó, de acuerdo a su participación en el caso Barrios Altos, a
Vladimiro Montesinos y otras 14 personas como coautores y autores mediatos de los delitos contra la vida, el cuerpo
y la salud por cometer los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, y a 14 de dichas personas
como autores de delitos contra la tranquilidad pública por asociación ilícita para delinquir a penas privativas de la
libertad de 25, 20 y 15 años, según el caso, así como se absolvió a cuatro procesados”, y (iii) “el 31 de enero del
2024, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a Vladimiro Montesinos a 19 años y 8
meses de cárcel, así como a 5 años de inhabilitación por el delito de homicidio por los casos Pativilca y La Cantuta[,
y] le impuso el pago de 500 mil soles como reparación civil a favor de las víctimas”. Las representantes argumentaron
que ”[a]pesar de los avances que se han obtenido con sentencias condenatorias de altos mandos responsables en
los casos Barrios Altos y La Cantuta, las personas condenadas aún deben cumplir sus penas y hacer el pago de las
reparaciones civiles para que las víctimas se encuentren plenamente reparadas en sus derechos” y que “[l]a
aprobación de la ley generaría que los responsables se abstengan de la acción de la justicia y tornaría imposible que
puedan acceder a este derecho”.
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