desprende que el señor Puente Cárdenas ha sido el abogado a cargo de comunicarse de
forma directa con dichas víctimas, presentar recursos a nivel interno para proteger su
salud, vida e integridad, así como brindar a los intervinientes comunes la información
necesaria para que presenten a esta Corte sus observaciones y solicitudes en el marco
de la supervisión de cumplimiento de sentencia. Aun cuando no está acreditado si tal
actividad desplegada por el señor Puente Cárdenas es indispensable para las víctimas
(tanto en lo que respecta a efectuar acciones para garantizar la atención de salud física
y mental como brindar la información a este Tribunal), esta Corte considera que esa
situación de duda fáctica debe ser valorada en aplicación del principio pro persona2, por
lo cual concluye que tal situación constituye una relación suficiente con el “objeto del
caso”, que justifica el análisis de los demás requisitos para adoptar medidas
provisionales a favor de las personas beneficiarias propuestas (el señor Alex Puente
Cárdenas y las referidas cinco víctimas).
16.
La Corte ha señalado que las tres condiciones exigidas por el artículo 63.2 de la
Convención para que pueda disponer de medidas provisionales deben concurrir en toda
situación en la que se soliciten 3. En cuanto a la gravedad, para efectos de la adopción
de medidas provisionales, la Convención requiere que aquélla sea “extrema”, es decir,
que se encuentre en su grado más intenso o elevado. El carácter urgente implica que el
riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta para
remediarlos sea inmediata. Finalmente, en cuanto al daño, debe existir una probabilidad
razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que
puedan ser reparables4.
17.
En relación con el requisito relativo a la extrema gravedad, este Tribunal advierte
que aquella se manifiesta en que se está afectando el derecho de acceso a la justicia de
las cinco referidas víctimas en tanto sus representantes legales ante este proceso
internacional se encuentran imposibilitados de obtener y presentar debidamente
información a la Corte referida a la ejecución de la medida sobre tratamiento médico y
psicológico como consecuencia de la detención del abogado Alex Puente Cárdenas. Es
preciso tener en cuenta que esas víctimas se encuentran privadas de libertad en tres
distintos centros penitenciarios peruanos, ya sea cumpliendo penas privadas de libertad
porque fueron condenados por el delito de terrorismo o porque están siendo procesados
por tal delito. Asimismo, la Corte pondera que la supervisión reforzada fue ordenada por
la situación de riesgo generada por la pandemia del COVID-19, situación que dificulta la
comunicación de los representantes con las víctimas, así como las posibilidades de
encontrar a nivel interno otro abogado de su elección que les brinde asistencia, tomando
en cuenta que están condenados y/o son investigados por el delito de terrorismo. A ello
se suma que, según la información aportada por el propio Estado (supra Considerandos
9 y 10 y nota al pie de página 10), una parte importante de las conductas que se imputan
Cfr. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de
2004. Serie C No. 109, párr. 173; y Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus
Familiares Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de
2020, Serie C, No. 407, párr. 156.
3
Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2003, Considerando 10, y Caso Vicky Hernández
y otros Vs. Honduras. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
12 de noviembre de 2020, Considerando 10.
4
Cfr. Asuntos Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital Yare I y
Yare II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana), e Internado
Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de la República Bolivariana de
Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2009,
Considerando 3, y Casos Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras. Medidas
Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2020,
Considerando 23.
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