establecido y que fue realizado por un órgano incompetente. Esta omisión llevó a una violación del artículo 2 de la Convención y, a su vez, afectó la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas137. 123. En conclusión, de acuerdo con lo señalado y teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, este Tribunal encuentra que al destituir a las víctimas de los que cargos que ocupaban como magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de un acto de desviación de poder, Honduras violó las garantías judiciales y el principio de legalidad, previstos en los artículos 8.1, 8.2 b), c) y d) y 9 de la Convención Americana, en relación las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de José Antonio Gutiérrez Navas, Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. 3. Derechos políticos 124. El artículo 23.1.c de la Convención establece el derecho a acceder a un cargo público, en condiciones generales de igualdad. Esta Corte ha interpretado que este derecho debe estar acompañado de la protección efectiva de la permanencia en el cargo138. Por lo tanto, los procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de funcionarios públicos deben ser objetivos, razonables y respetar las garantías del debido proceso aplicables139. 125. En casos de ceses arbitrarios de jueces140 y fiscales141, esta Corte ha considerado que este derecho se relaciona con la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo142. El respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución son razonables y objetivos, y cuando quienes ejercen la función no son objeto de discriminación en el ejercicio de este derecho143. A este respecto, la Corte ha indicado que la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política144. 126. Asimismo, la Corte recuerda que el artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del tratado, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 137 Cfr. Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador, supra, párr. 98. 138 Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 138, y Caso Aguinaga Aillón Vs. Ecuador, supra, párr. 91. Cfr. Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 425, párr. 108 y Caso Aguinaga Aillón Vs. Ecuador, supra, párr. 91. 139 Cfr. Inter alia, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 138 y Caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de septiembre de 2021. Serie C No. 438, párr. 160. 140 Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 6 de octubre de 2020. Serie C No. 412, párr. 115; Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419, párr. 97, Caso Moya Solís Vs. Perú, supra, párr. 109; Caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú, supra, párr. 160, y Caso Nissen Pessolani Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2022. Serie C No. 477, párr. 96. 141 142 Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párrs. 95 y 96. Ver también, Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 69; Caso Moya Solís Vs. Perú, supra, párr. 109; Caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú, supra, párr. 160, y Caso Aguinaga Aillón Vs. Ecuador, supra, párr. 92. 143 Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 138, y Caso Aguinaga Aillón Vs. Ecuador, supra, párr. 92. 144 Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra, párr. 72, y Caso Aguinaga Aillón Vs. Ecuador, supra, párr. 92. -33-