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organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos” 38; (iv) la
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres realizó el Curso de
Formación Técnico Científico en Búsqueda y Localización de Mujeres Extraviadas o
Desaparecidas, como parte de la creación de la Red regional de Búsqueda y Localización
Inmediata de Personas; (v) la Fiscalía General del estado de Chihuahua realizó desde el
2010 hasta agosto de 2012 diversos programas de capacitación en derechos humanos y
violencia de género; (vi) la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito
por Razones de Género y la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas y Ofendidos del
Delito del estado de Chihuahua implementaron una serie de actividades de capacitación;
(viii) el Poder Judicial del estado de Chihuahua ha implementado, entre otras actividades, la
Cátedra Virtual Justicia y Género, Curso Acceso de Justicia a las Mujeres y Curso Derechos
Humanos y la Prevención de la Violencia de Género en la Impartición de Justicia, y que (ix)
el Instituto Chihuahuense de la Mujer implementó “cursos de educación y capacitación en
derechos humanos y género”, a través del “Programa de Institucionalización de la
Perspectiva de Género y Programa de Prevención y Atención de la Violencia contra las
Mujeres”.
108. Los representantes consideraron respecto al primer informe que “no se presenta[ron]
avances en la las capacitaciones de conformidad con los lineamientos establecidos en la
[S]entencia”. Frente al segundo informe de Estado señalaron que la información
proporcionada “no especifica[ba] la población objetivo, el número, duración y contenidos ni
las personas beneficiarias” de las capacitaciones, que “no refleja[ba] una política clara en
materia de capacitación dirigida a servidores públicos en materia de derechos humanos y
violencia de genero”, y que las “acciones aisladas […] se [encontraban] muy alejad[a]s de
representar o integrar programas de capacitación en materia de derechos humanos tal y
como se necesitan”.
109. En sus observaciones al primer informe, la Comisión criticó la falta de “sustento
documental” por el Estado, y observó que “el Estado no ha hecho ninguna valoración
concreta respecto a cómo el contenido de estos cursos estaría respondiendo a un proceso
de formación integral en derechos humanos y perspectiva de género”, que “no [era] posible
determinar […] cuáles funcionarios habrían sido capacitados”, y resaltó la importancia de un
mecanismo de supervisión y monitoreo para la efectividad de las capacitaciones. La
Comisión, respecto al segundo informe de Estado, “valor[ó] la información aportada por el
Estado”, pero observó que: i) “no se remitió el sustento documental que permit[iera]
realizar un mejor análisis sobre el contenido y realización de los programas y cursos
informados”; ii) el Estado no “aporta[ba] información que permit[iera] establecer
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Por ejemplo, el Estado hizo referencia a: i) la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública (20112013), impartida bajo la modalidad a distancia por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa,
Organismo lnternacional auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO); ii) el Curso de formación y certificación de instructores internacionales en Derechos Humanos y
principios humanitarios aplicables a la función policial impartido por el Comité lnternacional de la Cruz Roja, con
589 capacitaciones, impactando a 85,412 servidores públicos de la Policía Federal; iii) el seminario sobre
"Prevención de la Tortura y la Aplicación del Protocolo de Estambul”, mediante el cual, de diciembre de 2009 a
agosto de 2012, se capacitaron a 32,360 servidores públicos, y 5.000 elementos del Sistema Penitenciario Federal
en cada uno de los Centros de Reclusión penitenciaria a cargo de la Federación; iv) el "Diplomado en Derechos
Humanos y Seguridad Pública" con la colaboración de la Universidad Iberoamericana; v) el diplomado "Diversidad
Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México"; vi) videoconferencias magistrales en
materia de derechos humanos impartidas con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México, y
con la participación de 54,079 servidores públicos, y (vii) la edición y difusión de diverso material especializado en
materia de derechos humanos con el propósito de sensibilizar, informar y contribuir en la preparación de su
personal, con la distribución de 1,116,306 ejemplares, entre los que se encuentran los siguientes títulos: "Violencia
de género. Visibilizando lo invisible. Armonización legislativa", Cartilla Informativa para conocer los derechos de las
mujeres, "Modelo de capacitación para sentir, atender y prevenir la violencia familiar, sexual y de género para
profesionales.", Cuadernillo sobre género y derechos humanos de las mujeres para operadores de la justicia de la
República Mexicana, y Triptico "Prevención y diagnóstico de la tortura".