-1752. Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, los dirigentes sindicales de SINTRACOLCARBUROS, SUTIMAC Nare y SUTIMAC Caracolí hicieron varios llamados en abril de 1987 al entonces gobernador de Antioquia, Antonio Yepes Parra, para “que se ponga término a la ola de violencia [y se pongan] en práctica las medidas de protección a la dirigencia sindical”. 53. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1986 y 1988 la gran mayoría de los miembros de SUTIMAC fueron asesinados, desaparecidos o desplazados por grupos paramilitares, específicamente del grupo “MAS”, que tenían vínculos con unidades militares acantonadas en la región, por lo que el sindicato fue casi desterrado del municipio de Puerto Nare 53. 54. Entre 1987 y 1989 la Central Unitaria de Trabajadores informaron al Presidente de la República, al Procurador de la Nación, Ministra de Justicia, sobre “la ola de terror y violencia” de que trabajadores de las empresas Cementos del Nare y Colombiana de Víctor Manuel Isaza Uribe54. (CUT) y FENALTRACONCEM al Ministro de Gobierno y a la estaban siendo víctimas los Carburo, entre ellos el señor B. DESAPARICIÓN DE VÍCTOR MANUEL ISAZA URIBE 55. El señor Víctor Manuel Isaza Uribe tenía 33 años de edad al momento de su desaparición, era esposo de Carmenza Vélez y padre de Jhony Alexander y Haner Alexis Isaza Vélez. paramilitar MAS a escasos metros de la estación de policía de La Sierra. Cfr. Huellas y Rostros de la Desaparición forzada (1970-2010), supra (exp. prueba, folios 5569 a 5574). Cfr. Huellas y Rostros de la Desaparición Forzada (1970-2010) (exp. prueba, folios 5553 a 5600). Además de los ya citados, los asesinatos y/o desapariciones referidos son: Carlos Arturo Salazar y Darío Gómez, sindicalistas de Cementos Nare y militantes de la UP el 19 de enero de 1988; Jesús Emilio Monsalver Mesa, sindicalista de la seccional Nare de Sutimac y militante de la UP el 24 de enero de 1988; Juan de Jesús Grisales Urrego, miembro de Sutimac y celador de la empresa el 3 de febrero de 1988; Héctor Julio Mejía, dirigente sindical de Sutimac Nare, el 8 de febrero de 1988; Jesús Anibal Parra Castrillón, directivo de Sutimac Nare, el 28 de marzo de 1988; León de Jesús Cardona Isaza, presidente nacional de Sutimac y miembro de Fenaltraconcem y de la UP, el 30 de agosto de 1988; José Manuel Herrera, integrante del comité de organización del sindicato de Cementos Nare, afiliado a Sutimac, el 4 de septiembre de 1988; Carlos Alfonso Tobón Zapata, miembro de Sutimac, el 28 de enero de 1989; Juan Rivera, operario de la empresa Colcarburos y vicepresidente de Sutimac el 12 de agosto de 1989; y Luis E. Durán, trabajador afiliado a Sutimac, el 29 de septiembre de 1989. Además, ver notas de prensa “Investigarán desaparición de dos líderes en Puerto Nare” publicada por El Colombiano el 25 de enero de 1988; y “En el último año murieron asesinados 32 sindicalistas” publicada por El Colombiano el 1 de mayo de 1987, (exp. prueba folio. 87). Ver también: Organización Internacional del Trabajo, Informe provisional - Informe núm. 259, Noviembre 1988, Denuncia 613, “La CUT, la CIOSL, la CMOPE y la FSM han informado de los siguientes asesinatos: […] Jesús Antonio Molina, directivo del SUTIMAC, asesinado el 9 de marzo de 1987 en Puerto Nare por sicarios”, disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2901664 . 53 En estas comunicaciones se presentó un listado de los asesinatos y desapariciones ocurridos en el Magdalena Medio, a partir de diciembre de 1986. La CUT y la FENALTRACONCEM informaron al Alcalde, al Gobernador, a las autoridades militares y policiales y a las autoridades nacionales; señalaron que “los integrantes de un grupo paramilitar de aproximadamente 30 personas, denominado ‘Autodefensa Popular’, continúan sembrando el terror y la incertidumbre”; y solicitaron el cese de la política criminal contra los trabajadores y la investigación de los hechos, así como el retiro de las patrullas del Ejército que se encontraban acantonadas en Puerto Nare y “Montañitas”, del departamento de Antioquia. Cfr. Cartas dirigidas a diversas autoridades. (exp. prueba, ff. 89 a 98). En declaración pública de 19 de enero de 1989, el comité ejecutivo de la FENALTRACONCEM denunciaba que: “La guerra sucia que los portadores de la doctrina de la ‘seguridad nacional’ ha desatado contra nuestros pueblos es la ofensiva de sectores derechistas y reaccionarios expresada en una respuesta criminal contra el proceso de participación popular… ha sido puesta en práctica contra gente inerme con fines políticos, para atemorizar a la población, impedir sus luchas y destruir sus organizaciones sociales. La ola criminal desatada en la región del Nare fue dirigida contra la militancia de la Unión Patriótica para impedir su presencia en e l consejo municipal de Puerto Nare […] cuyos ediles fueron asesinados y otros desterrados, el único “delito” que cometieron fue el de defender con ahínco los derechos de los pobladores del corregimiento La Sierra […] no es casual que los integrantes de la denominada “Autodefensa popular” se paseen orondos por la calle de la sierra portando armas de corto y largo alcance en presencia de la policía”. El 22 de septiembre de 1988 los sindicalistas de Sutimac que sobrevivieron gracias al exilio de la región denunciaron, en el periódico Voz, las alianzas entre patronos, altos mandos militares y el MAS en la cadena de asesinatos en esta región; que comandantes del ejército y la policía andaban junto con los paramilitares: “en muchas regiones de puerto Berrio andan (…) con el comandante de la catorce brigada o en la base militar de Calderón o en la alcaldía de Puerto Boyacá (…) lamentablemente a quien denuncia lo mandan al cementerio. ¿Quién delata a los testigos? El mismo juez promiscuo de Puerto Nare, el señor Manuel García y los mismos comandantes de la policía y el ejército (…) Esa es la gotera por la que todo se escapa rumbo a los asesinos”. Citado en la versión escrita del perito Yepes (exp. prueba folio. 7175). 54

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