-36descripción a la que responden los grupos organizados por el Ejército en zonas como el Magdalena Medio en los años ochenta. Es decir, que el Ejército tenía como política y práctica, en el marco de sus operaciones contrainsurgentes, el auspicio, la conformación, la dotación y el control de grupos paramilitares y, bajo el amparo de la “negación plausible”, se adelantaron acciones de “guerra sucia” que incluyeron ejecuciones, desapariciones y tortura a personas que hacían parte, según la doctrina, de la “población civil insurgente” 126. 126. El perito Alberto Yepes Palacio señaló que, “dado el auge de los movimientos sociales y sindicales desde mediados de los años 70 en Colombia y la influencia que las ideas comunistas y de izquierda tuvieron en el movimiento sindical, distintos gobiernos y especialmente las fuerzas militares percibieron al movimiento sindical como una expresión del ‘comunismo internacional’ y como parte integrante del ‘enemigo interno’”. Así, en aplicación de tal doctrina, “las Fuerzas Armadas y sus aliados paramilitares han aplicado una estrategia de contrainsurgencia con la que se ha intentado privar a la guerrilla de todo apoyo real e imaginario de la población civil [y e]l terror es parte fundamental de esa estrategia”. Ese concepto de enemigo interno “se extendió a toda forma de oposición política o social y de disidencia”, según revelan también numerosos mandos militares colombianos127, y fue “notorio que la actividad sindical fue considerada como estrategia de la subversión”128. 127. Tal noción de “enemigo interno” dentro de la doctrina de seguridad nacional también fue documentada en 1994 en un Informe Conjunto de dos Relatores Especiales de Naciones Unidas que, tras su visita a Colombia, indicaron: Las fuerzas armadas continúan aplicando, al parecer, una estrategia antisubversiva basada en el concepto de la ‘seguridad nacional’, en virtud del cual toda persona de la que se sabe o se sospecha que está vinculada a los guerrilleros es considerada como un enemigo interno. [… E]n las zonas calificadas de ‘zonas rojas’, donde actúan los insurgentes y tienen lugar enfrentamientos armados, las fuerzas de seguridad consideran que prácticamente todos los civiles son colaboradores de la subversión (…) La categoría de ‘enemigo interno’, aplicada a toda persona de la que se considera que apoya a la guerrilla de una u otra forma (incluso si los insurgentes utilizan la fuerza para obtener, por ejemplo, alimentos o dinero de los civiles), se ha hecho extensiva, al parecer, a todos los que expresan insatisfacción ante la situación política, económica y social, sobre todo en las zonas rurales. En consecuencia, los dirigentes y miembros de sindicatos, partidos políticos de la oposición política, organizaciones de derechos humanos, trabajadores sociales, etc., han sido, junto con los campesinos, las víctimas principales de las violaciones de los derechos humanos en zonas de conflicto armado129. hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”. Cfr. Declaración escrita del perito Michael Reed Hurtado (exp. prueba f. 6245). 126 Cfr. Declaración escrita del perito Michael Reed (exp. prueba ff. 6237-6251). El perito refirió como ejemplos que, en su memoria al Congreso de 1987 – 1988, el Ministro de Defensa General Rafael Samudio Molina expresó que: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativo, sindical y armado, con propósitos bien definidos (…) los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”; que el General Jaime Sarmiento Sarmiento, Comandante de las Fuerzas Militares afirmó, en un editorial de la Revista de las Fuerzas Armadas de 1980, que “la subversión tenía como estrategia ‘infiltrarse en todas las instituciones nacionales, desde la simple célula familiar (…) pasando por las agrupaciones (…) sin descuidar a los sindicatos’”; y que el coronel Orlando Zafra Galvis, segundo Comandante del BINCI del Ejército entre 1981 y 1982 escribió en la Revista de las Fuerzas Armadas en 1985 que “los agentes clandestinos y los agitadores se infiltran en las organizaciones sociales y estatales, se apoderan de los cargos directivos y generan planes de debilitamiento de las estructuras con miras a crear el caos y el derrumbamiento final del Estado. No existe instituto, organización o grupo social, político o religioso, sobre el cual no tengan interés de penetrarlo y dominarlo. Todas estas actividades constituyen lo que se denomina la guerra política, que es la parte más peligrosa para la vida de las democracias”. Cfr. Versión escrita del peritaje rendido durante la audiencia ante la Corte por el señor Alberto Yepes Palacio (exp. prueba, ff. 7159 a 7182). 127 Cfr. Versión escrita del peritaje rendido durante la audiencia ante la Corte por el señor Alberto Yepes Palacio (exp. prueba ff. 7176 a 7178). Ver también la declaración escrita del perito Carlos Medina Gallego (exp. prueba f. 7000-7010). 128 Cfr. Informe Conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye. E/CN.4/1995/111 de 16 de enero de 1995. Disponible en: http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/informes/onu/rest/E-CN-4-1995-111.html 129