54.
La Corte advierte que a nivel nacional existen las siguientes disposiciones
normativas relevantes:
a.-1985 y 1989. Ley 23.302 y Decreto 155/1989.- La ley nacional 23.302 sobre
Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, sancionada en 1985, creó el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)37. En sus artículos 7 a 13 se refiere a
la adjudicación de tierras fiscales en favor de comunidades indígenas existentes en el
país, previendo que el INAI elabore “planes” de adjudicación de tierras 38. La ley
23.302 fue reglamentada por el Decreto 155/1989 del Poder Ejecutivo Nacional
(PEN)39, que entre sus disposiciones dice que el INAI “[i]nvitará a las provincias a
adherir a la ley 23.302”. La Ley 23.302 y el Decreto 155/89 continuaron vigentes tras
la reforma constitucional de 1994.
b.- 1992. Ley 24.071.- El 7 de abril de 1992 quedó promulgada la ley 24.071, que
aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
pueblos indígenas y tribales (en adelante “Convenio 169” o “Convenio 169 de la
OIT”)40.
c.- 1994. Reforma de la Constitución Nacional.- El 22 de agosto de 1994 se
adoptaron modificaciones a la Constitución Nacional41. La reforma, en lo pertinente,
dotó de jerarquía constitucional a instrumentos internacionales de derechos
humanos, inclusive a la Convención Americana, y en el artículo 75 inciso 17
estableció que: “[c]orresponde al Congreso […r]econocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos[;…r]econocer la […] posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
d.-2006. Ley 26.160 y sus prórrogas.- La Ley de Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas No. 26.160, publicada el 29 de noviembre de 2006, fue
promulgada para dar respuesta a la situación de emergencia en materia de posesión
y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas en territorio
argentino. En los fundamentos dados por el PEN al elevar el proyecto respectivo al
Congreso se lee que el mismo busca “coadyuva[r] a las políticas que ya se están
implementando pero que no alcanzan a cumplir sus objetivos de reconocimiento de la
[p]ropiedad [c]omunitaria de las tierras en cabeza de las [c]omunidades”42. El texto
37
Como entidad descentralizada con participación indígena y dependiente del Ministerio de Salud y
Acción Social. La ley 23.302 fue modificada en 2003 por la ley 25.799, en aspectos no relevantes en este
caso.
38
La ley no aborda la cuestión de tierras detentadas por particulares. La Corte no se referirá a este
aspecto por no ser relevante para el caso.
39
El Decreto 155/1989 fue modificado por el Decreto 791/2012 de 23 de mayo de 2012, en aspectos
no relevantes para el examen que se realiza en esta Sentencia.
40
El Convenio 169 fue ratificado el 3 de julio de 2000. Antes, en 1960, se había ratificado el Convenio
107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribuales. El Convenio 107 de la OIT había sido antes aprobado
por Argentina mediante la ley 14.932 promulgada el 15 de diciembre de 1959. Se produjo la denuncia
automática del Convenio 107 de la OIT por la ratificación del país del Convenio 169.
41
Después, la ley nacional 24.430, sancionada el 15 de diciembre de 1994 y promulgada el 3 de enero
de 1995, ordenó la “publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las
reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994)”.
42
Los fundamentos referidos señalaron que las comunidades indígenas son “víctimas de desalojos o
turbaciones en su real posesión [de las tierras]. Esta circunstancia hace que las soluciones intentadas a
través de las diversas políticas resulten tardías, ineficaces o meramente paliativas de una situación territorial
agravada por el desalojo o la turbación sufrida por la comunidad”. Además, dieron cuenta de obstáculos
frecuentes de las comunidades para acceder a la justicia. En ese sentido, explicaron que el INAI había
“creado un ‘Programa [de] Fortalecimiento Comunitario y Acceso a la Justicia’ [mediante la] Resolución Nro.
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