272. El artículo 25 de la Convención Americana reconoce el derecho a la protección
judicial. Este Tribunal ha señalado que de la protección de este derecho es posible
identificar dos obligaciones concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente
y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes,
que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus
derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones
de estas450. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y
sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se
protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos451. En este sentido, el
artículo 25.2.c) de la Convención consagra el derecho al cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso452.
273. Por otro lado, en el contexto de la protección ambiental, la Corte ha establecido
que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, en relación con
las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente protegidas por la
Convención Americana. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos
tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso
legal, para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades
públicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental;
para asegurar la plena realización de los demás derechos de procedimiento, es decir, el
derecho al acceso a la información y la participación pública, y para remediar cualquier
violación de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de
derecho ambiental453.
274. En relación con el cumplimiento de las sentencias, este Tribunal ha indicado que la
responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una
decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios y
mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, de modo que se protejan
de manera efectiva los derechos declarados454. Asimismo, este Tribunal ha establecido
que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución, cuyo proceso debe tender a
la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial
mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento455. La Corte también ha señalado
que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser completa,
perfecta, integral y sin demora456.
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19
de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 237, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y
Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 77.
450
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003.
Serie C No. 104, párr. 79, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs.
Perú, supra, párr. 77.
451
Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú, supra, párr. 124, y Caso Meza Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de junio de 2023. Serie C No. 493, párr. 59.
452
453
Cfr. Opinión Consultiva OC-23/17, supra, párr. 237.
Cfr. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24, y Caso
Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú, supra, párr. 78.
454
Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 noviembre de 2002. Serie
C No. 96, párr. 58, y Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios (FEMAPOR) Vs. Perú,
supra, párr. 78.
455
456
Cfr. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228, párr. 105, y Caso Meza Vs. Ecuador, supra, párr. 60.
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