integral que brinda el Grupo de Movilidad Humana del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas en coordinación con el Gobierno de Panamá42. 12. El día 18 de marzo de 2022 se celebró la audiencia privada sobre la implementación de las medidas provisionales y la solicitud del Estado de levantamiento de las mismas 43, en la Ciudad de Panamá. 13. Resulta de vital importancia que el Estado haya colaborado para que se efectuaran estas diligencias relacionadas con la implementación de las medidas provisionales en su territorio. La Corte destaca la necesidad de que, en casos como el presente, los Estados asuman este tipo de actitud, dirigida a que las diligencias se efectúen de forma directa en su territorio, con la mayor participación posible de funcionarios responsables de adoptar acciones para asegurar la implementación de las medidas ordenadas. B. Alegatos escritos y expuestos en la audiencia B.1 Información y alegatos del Estado 14. El Estado informó sobre diversas acciones adoptadas para implementar las medidas ordenadas. Al respecto, presentó información sobre las acciones dirigidas a reducir el hacinamiento, así como para asegurar la ventilación natural, limpieza y recolección de residuos en las ERMs y en la Comunidad Receptora de Bajo Chiquito 44, e indicó que cada ERM “cumple El Grupo de Movilidad Humana está conformado por diez agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, y es co-liderado por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según fue informado durante la visita, dicho grupo se constituyó a partir de abril de 2020 como un mecanismo de coordinación inter-agencial de carácter operativo y estratégico abocado a la planificación y articulación dentro del Sistema de Naciones Unidas para acompañar y fortalecer las capacidades institucionales de los actores gubernamentales involucrados en la atención de los movimientos mixtos de personas. Entre sus ámbitos de acción se encuentran: el agua, saneamiento y promoción de la higiene; la salud; la seguridad alimentaria y nutrición; el alojamiento y asentamiento; la protección internacional; el monitoreo y acceso a las ERM; la prevención del COVID-19 en las ERM, y la coordinación regional. 43 En dicha audiencia comparecieron: a) por las representantes: Claudia Paz y Paz, y Gabriela Oviedo Perhavec, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); b) por el Estado: Otto Escartín Romero, Agente y Director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ruth Vigil, Agente y Subdirectora de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores; Marta Elida Gordón, Viceministra de Relaciones Exteriores; Luis Trejos, Subcomisionado del Servicio Nacional de Fronteras; Ascanio Ellis, Subcomisionado del Servicio Nacional de Migración; Edwin Salamin, Asesor del Despacho de la Viceministra de Relaciones Exteriores; Pavel Osorio, Agente y Abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores; María Saravia, Subdirectora del Servicio Nacional de Migración; Daniela Arias, Directora de Cooperación del Servicio Nacional de Migración; Agustín Almario, Fiscal Superior de Asuntos Internacionales; Emeldo Márquez, Fiscal Primero contra la Delincuencia Organizada; Thays Noriega, Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Cooperación Técnica del Ministerio de Salud, y Emna Espinoza y Luis Herrera, funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; c) por la Comisión Interamericana: Jorge Anaya Pérez, Abogado de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales, y d) por la Defensoría del Pueblo de Panamá: Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo de Panamá; Julio De Gracia, Director de Protección de los Derechos Humanos, y Jonathan Santana, Director de Relaciones Internacionales. Dicha participación de la Defensoría del Pueblo se realizó en aplicación del artículo 27.8 del Reglamento de la Corte. 44 En su informe de 27 de septiembre de 2021, el Estado informó sobre las siguientes acciones: a) en la ERM de Lajas Blancas: (i) la construcción de cabañas de madera distribuidas en tres camarotes doble por cabaña, con capacidad para seis personas y casas de madera construidas con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, “más frescas y con mayor durabilidad”; (ii) la adquisición de 30 mesas de madera tipo picnic; (iii) la construcción de diez casas de madera con la ventilación adecuada específicamente para pacientes en aislamiento y cuarentena, y (iv) la compra de colchonetas y mosquiteros; b) en la ERM de San Vicente: (i) la contratación de un servicio de desinfección y limpieza de los espacios habitacionales (RHU) donados por ACNUR; (ii) el mejoramiento de pisos; (iii) la instalación de toldos para disminuir el calor dentro de las unidades RHU; (iv) impresión de reglamentos de uso de la ERM, señalización de baños, duchas y espacios comunes, y (v) la próxima construcción de “nuevas unidades habitacionales adicionales y otras facilidades para la atención de […] migrantes” con el objetivo de expandir las capacidades e incrementar los servicios para acoger 500 personas migrantes adicionales y establecer 50 unidades más del Servicio Nacional de Migración, y c) en la Comunidad Receptora de Bajo Chiquito: (i) la “construcción de una nave para espacio dormitorio, destinado a albergar 250 personas [donde] se prevén adecuaciones de electricidad”, y (ii) la provisión de mosquiteros y colchonetas. Cfr. Informe estatal de 27 de septiembre de 2021. 42 8