particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier
persona cuya declaración, testimonio, u opinión estime pertinente; b. Requerir de la Comisión,
de las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, del Estado demandado y, en su caso,
del Estado demandante el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de aportar o
de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil […]”.
c. Los días 29 y 30 de mayo de 2023, la diligencia de visita in situ se llevó a cabo en la ciudad
de Tela y sus alrededores. El 31 de mayo de 2023, tuvo lugar una reunión de trabajo en el marco
de la cual se escuchó al Estado y a la Comisión, así como a terceras personas e instituciones con
un interés directo en el presente caso. La delegación de la Corte Interamericana estuvo
compuesta, entre otros, por dos juezas y un juez del Tribunal11. Además, participó una persona
representando a la Comisión Interamericana12 y una delegación del Estado13.
d. El día 29 de mayo de 2023 a primera hora, se realizó una reunión informativa sobre el
desarrollo de la visita in situ con autoridades del Estado y de la Comisión14. Durante esa reunión,
el Estado afirmó que los límites del territorio de la Comunidad Garífuna de San Juan que había
identificado durante la audiencia pública (supra párr. 9), debían ser ampliados para abarcar un
área de 674,69 hectáreas en lugar de 629,47 hectáreas. En esa ocasión adjuntó un mapa con
los límites actualizados de ese territorio (Mapa Anexo I).
e. En el transcurso de la diligencia de inspección ocular in situ llevada a cabo los días 29 y 30
de mayo de 2023, la delegación de la Corte pudo observar los puntos de referencia que marcan
los límites del territorio reclamado por la Comunidad, a saber: al Norte con el Mar Caribe o de
las Antillas; al Sur con la línea férrea, Puerto Arturo; al Este con la quebrada La Piojosa, barrio
el Paraíso, y al Oeste con el brazo de la laguna de los Micos y Barra de Tornabé. Además, se
visitó otro punto de referencia mencionado por los representantes: la desembocadura del río
San Juan o Río Tela. Asimismo, se observaron los humedales que se encuentran adyacentes al
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En esa oportunidad concurrieron las juezas Nancy Hernández López y Patricia Pérez Goldberg, y el juez Humberto
A. Sierra Porto.
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Se trató de la abogada Karin Mansel, Asesora de la CIDH.
El Estado acreditó a las siguientes personas: Manuel Antonio Díaz Galeas, Procurador General de la República y
Agente; Tomás Emilio Andrade Rodas, Subprocurador General de la República y Agente Alterno; Nelson Gerardo Molina
Flores, Director de Derechos Humanos y Litigios Internacionales y Agente Alterno; Embajador Roberto Ramos Bustos;
Natalie Roque Sandoval, Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos; Mirtha Gutiérrez, Subsecretaria de
Promoción de Derechos Humanos; Willy Mejía, Director de Control de Convencionalidad Jurídica; Jesús Ramón Flores León,
Revisión de Tierras del INA; Dennis Rolando Velásquez, Dennis Rolando Velásquez, División de Atención a los Pueblos
Indígenas y Afro-hondureños del INA; Mario Morazán, Secretario General de la Procuraduría General de la República; Olbin
Antonio Mejía Cambar, Subdirector General de Derechos Humanos y Litigios Internacionales de la Procuraduría General de
la República; Roldan Armando Enamorado, Oficial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; Walter
Alcántara Canales, Encargado de la Dirección de Política Multilateral; Marlyn Rodas Rarrúrez, Analista de Política Multilateral;
Daniel García, Técnico del Departamento de Áreas Protegidas, Oficina Central de Tegucigalpa del ICF; Alba Ocampo, Oficina
Local de Tela, Regional de Atlántida del ICF; Nelson Josué Serrano, Oficina Local de Tela, Regional de Atlántida del ICF;
Joaquín Leonardo Reyes, Director General de Catastro; Luis Alberto Cruz Canales, Jefe de Delimitación Territorial del
Instituto de Propiedad; Néstor Amado Guardado, Asesor Legal de la Alcaldía Municipal de Tela; Carlos Enrique Malina,
Procurador Legal de la Alcaldía Municipal de Tela; Ivis Danilo López Milla, Procurador Legal de la Alcaldía Municipal de Tela;
Carlos Valle, Gerente de la Unidad Municipal Ambiental; David Reyes, Gerente del Departamento de Catastro Municipal;
Naama López Ávila, Directora de Coordinación Intersectorial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
(SEDESOL); Magdalena Dolmo Castillo, interprete garífuna de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social
(SEDESOL); Ferdinand Florentino Knudsen, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación para la Protección de Lancetilla,
Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE); Nelbin Bustamante, Director Ejecutivo de la Fundación para la Protección de Lancetilla,
Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE); Victoria María Napky, Presidenta del IHT del Instituto Hondureño de Turismo, y Mario
Nuila, Secretario General del Instituto Hondureño de Turismo.
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Participaron las siguientes personas: Tomás Emilio Andrade Rodas, subprocurador general de la República y agente
alterno; Daniel García, Técnico del Departamento de Áreas Protegidas, Oficina Central de Tegucigalpa; Dennis Rolando
Velásquez, División de Atención a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños; Luis Alberto Cruz Canales, jefe de Delimitación
Territorial; Nelbin Bustamante, director ejecutivo de la Fundación Prolansate; Olbin Antonio Mejía Cambar, subdirector
general de Derechos Humanos y Litigios Internacionales, David Reyes, gerente del Departamento de Catastro Municipal, y
Roberto Ramos Bustos, del SRECI.
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