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Que el Estado informó que actualmente se adelanta en la Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación un proceso penal que se encuentra en
etapa preliminar respecto a una persona y en la de instrucción respecto a otras, en el
marco del cual constantemente se llevan a cabo actividades de investigación. También
señaló que se han expedido órdenes de captura y decisiones de indagatoria, entre
otras diligencias. Durante la audiencia, el Estado destacó que hubo sentencias
condenatorias contra doce personas, por su participación en los hechos; que desde la
emisión de la Sentencia de la Corte se ha hecho un importante esfuerzo investigativo;
y que se continuará con las diligencias de indagatorias de varias personas vinculadas,
comprometiéndose a enviar información que contenga en detalle las diligencias penales
realizadas hasta el momento. Refirió que hasta febrero de 2009 se había vinculado a
cuatro personas y se capturó a otras tres. En relación con las observaciones de los
representantes sobre la alegada negativa del fiscal de imputar el delito de desaparición
forzada a las personas vinculadas, el Estado adujo que no existe en el expediente
penal información alguna que indique dicha petición. En cuanto a la alegada falta de
acciones para vincular a agentes estatales al proceso, señaló el Estado que es una
línea de investigación que se aborda constantemente, pero que no existe prueba
suficiente para profundizarla. Asimismo aclaró que ninguna de las dos personas
recientemente capturadas hace parte del proceso de “Justicia y Paz”. El Estado solicitó
a la Corte que declare que Colombia “está dando cumplimiento a esta medida de
reparación”.
13.
Que los representantes manifestaron que la Unidad de Apoyo de Derechos
Humanos de la Fiscalía de Medellín se habría abstenido de emitir órdenes de captura
respecto de algunas personas implicadas, de quienes existen elementos para
individualizarlas y que indican dónde pueden encontrarse localizadas. Asimismo,
mencionaron que el Estado no ha divulgado a través de los medios de comunicación la
convocatoria a personas que tengan conocimiento sobre los hechos. Los
representantes además recordaron que el Estado debía remitir a la Corte cada seis
meses informes detallados del estado de las investigaciones, y que no ha cumplido con
esta obligación hasta el momento. Asimismo, en la audiencia privada remarcaron que
hasta el momento no se había adelantado ninguna acción por parte de la Fiscalía para
tratar de determinar cuáles son los agentes del Estado que participaron en los hechos.
Los representantes también indicaron que “no corresponde a la realidad lo afirmado
por el Gobierno en su informe, en el sentido que nunca [han] requerido formal y
procesalmente la imputación del delito de desaparición forzada”, pues lo habían
solicitado en diversas oportunidades. Consideran que existe una falta de seriedad,
eficacia y prontitud para conducir las investigaciones pues no se demostraron acciones
concretas que determinen la participación de agentes del Estado, siendo necesario
priorizar el impulso de las investigaciones considerando el tiempo transcurrido.
14.
Que la Comisión manifestó que si bien el Estado había informado sobre
múltiples diligencias, omitía proveer datos específicos, como por ejemplo qué órdenes
de captura se han reiterado. También mencionó que la única diligencia de investigación
específica es la solicitud de indagatoria de una persona y que no se había precisado si
ya había sido llevada a cabo. La Comisión señaló también, que el Estado no hace
referencia alguna a los avances en los procesos penales ya entablados contra algunos
de los responsables intelectuales y materiales de los hechos del presente caso, ni a la
ejecución de las órdenes de detención emitidas y reiteradas hasta el momento. Resaltó
que el Estado se encontraba obligado a proporcionar información idónea y relevante,
en el sentido de que refleje resultados concretos y efectivos. Durante la audiencia, la
Comisión solicitó a la Corte que requiera del Estado información más detallada y
concreta. Posteriormente en sus observaciones, la Comisión solicitó que el Estado