339. La Corte constata, en el presente caso, algunas características de particular
victimización compartidas por los 85 trabajadores rescatados el 15 de marzo de 2000: se
encontraban en una situación de pobreza; provenían de las regiones más pobres del país,
con menor desarrollo humano y perspectivas de trabajo y empleo; eran analfabetas, y
tenían poca o nula escolarización (supra párr. 41). Lo anterior los colocaba en una situación
que los hacía más susceptibles de ser reclutados mediante falsas promesas y engaños.
Dicha situación de riesgo inmediato para un grupo determinado de personas con
características idénticas y originarios de las mismas regiones del país, tiene orígenes
históricos y era conocida desde, al menos, 1995, cuando el Gobierno de Brasil reconoció
expresamente la existencia de “trabajo esclavo” en el país (supra párr. 111).
340. De la prueba aportada al expediente se advierte la existencia de una situación
basada en la posición económica de las víctimas rescatadas el 15 de marzo de 2000 que
caracterizó un trato discriminatorio. De acuerdo a varios informes de la OIT y del Ministerio
de Trabajo de Brasil, “la situación de miseria del obrero es lo que le lleva espontáneamente
a aceptar las condiciones de trabajo ofrecidas” 475, toda vez que “cuanto peores las
condiciones de vida, más dispuestos estarán los trabajadores a enfrentar riesgos del
trabajo lejos de casa. La pobreza, en ese sentido, es el principal factor de la esclavitud
contemporánea en Brasil, por aumentar la vulnerabilidad de significativa parte de la
población, haciéndoles presa fácil de los reclutadores para trabajo esclavo”476.
341. Una vez constatada la situación anterior, la Corte estima que el Estado no consideró
la vulnerabilidad de los 85 trabajadores rescatados el 15 de marzo de 2000, en virtud de la
discriminación en razón de la posición económica a la que estaban sometidos. Lo anterior
constituye una violación al artículo 6.1 de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de ellos.
B.13. Conclusión
342. Por todo lo anterior, Brasil no demostró haber adoptado, respecto del presente caso
y al momento de los hechos, las medidas específicas, conforme a las circunstancias ya
conocidas de trabajadores en situación de esclavitud y de denuncias concretas contra la
Hacienda Brasil Verde, para prevenir la ocurrencia de la violación al artículo 6.1 constatada
en el presente caso. El Estado no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días
luego de la denuncia de esclavitud y violencia realizada por Gonçalo Luiz Furtado y Antônio
Francisco da Silva, con gran sacrificio y riesgo personal, dejando perder horas y días
valiosos. En el período entre la denuncia y la inspección, el Estado no logró coordinar la
participación de la Policía Federal activamente en la referida inspección, más allá de la
función de protección del equipo del Ministerio del Trabajo. Todo esto demuestra que el
Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente la forma
contemporánea de esclavitud constatada en el presente caso y que no actuó como
razonablemente era de esperarse de acuerdo a las circunstancias del caso para poner fin a
ese tipo de violación. Este incumplimiento del deber de garantía es particularmente serio
debido al contexto conocido por el Estado y a las obligaciones impuestas en virtud del
artículo 6.1 de la Convención Americana y específicamente derivadas del carácter de jus
cogens de esta prohibición.
343. En razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado violó el derecho a
no ser sometido a esclavitud y trata de personas, en violación del artículo 6.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 3, 5, 7,
475
Ministerio de Trabajo y Empleo. Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo, 2011,
pág. 13 (expediente de prueba, folio 6714).
476
OIT – Brasil. Combatendo o trabalho Escravo Contemporâneo: o exemplo do Brasil, 2010, pág. 2010
(expediente de prueba, folio 8529).
89