12 que entendía el significado que tendría realizar el acto en dicha fecha, en la cual se conmemora el fallecimiento del señor Giraldo Cardona, pero que no era posible hacerlo “toda vez que aún se estaba realizando el proceso de empalme del nuevo Gobierno”. Sin embargo, subrayó que ello “no e[ra] óbice para la realización del acto en otra fecha”, por lo cual manifestó “su voluntad de llegar a un acuerdo con los beneficiarios”. 31. Por su parte, en su comunicación de 25 de agosto de 2010 los representantes informaron que el 4 de junio de 2010 habían propuesto al Estado que el acto se realizara el 13 de octubre de ese año, fecha en la que se conmemoraba los catorce años del asesinato de Josué Giraldo Cardona, y le habían indicado “las condiciones que considera[ban] necesarias para que el acto de reapertura […] cumpl[iera] con el objetivo de ser una medida de protección de [los] integrantes [del Comité Cívico] y de garantía a sus labores”. Posteriormente, en sus observaciones de 23 de diciembre de 2010 señalaron que ha sido muy difícil fijar una fecha en la cual las personas que participarían tuviesen disponibilidad, por lo cual oportunamente enviarían una propuesta de fechas. Expresaron que esperaban que los inconvenientes encontrados fueran superados en el 2011. 32. La Meta “se esperaba seguridad Comisión reiteró que la obligación de lograr la reapertura del Comité Cívico del encuentra pendiente de cumplimiento desde hace varios años” e indicó que que se pudieran superar los obstáculos al respecto, “con las garantías de necesarias para su funcionamiento, a la brevedad posible”. 33. La Corte toma nota de la información aportada con respecto al cumplimiento de esta medida y resalta la disposición expresada por las partes para llegar a un acuerdo. No obstante, en virtud de que han transcurrido varios años desde que se solicitó su ejecución, el Tribunal exhorta a las beneficiarias, sus representantes y al Estado a superar los obstáculos que han impedido la realización del referido acto de reapertura del Comité Cívico del Meta hasta la presente fecha, de forma tal que se consolide un acuerdo definitivo en el presente año. La Corte queda a la espera de información de las partes en este sentido. C. Sobre la participación de las beneficiarias en la implementación de las medidas 34. El Estado informó de tres reuniones de seguimiento y concertación de las presentes medidas provisionales celebradas los días 26 de mayo, 26 de agosto y 7 de octubre de 2010, en las cuales participaron las beneficiarias y sus representantes, así como las diferentes entidades del Estado. Según indicó, tales reuniones tuvieron como objetivo analizar la situación de las beneficiarias y el funcionamiento de su esquema de protección, así como escuchar sus inquietudes para “continuar avanzando en el proceso de concertación de las medidas”. Colombia indicó que, en el marco de algunas de estas reuniones, las entidades estatales presentes “asumieron diferentes compromisos para garantizar la seguridad de l[as] beneficiari[as]”. 35. Los representantes señalaron que en el segundo semestre de 2010 se habían sostenido varias reuniones de concertación con el Estado, en razón de lo cual también expresaron que esperaban que “la situación vivida durante los primeros meses [de dicho] año, donde los peticionarios y la beneficiaria eleva[ron] varias solicitudes para realizar reuniones [con las autoridades estatales] que no hallaron respuesta, no se repit[iera]”14. 14 Al respecto, los representantes remitieron junto con sus comunicaciones de 4 y 10 de mayo de 2010, copias de tres cartas de fechas 5 de marzo, 29 de abril y 4 de mayo de 2010 dirigidas por los representantes a la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de una carta de 7 de mayo de 2010 dirigida por la beneficiaria Islena Rey a la misma Directora, donde le solicitaban la celebración de reuniones de concertación y seguimiento con las autoridades estatales pertinentes.