clandestina que avanzaba hacia el territorio de los indígenas en aislamiento voluntario, (vi) el desarrollo de un plan de contingencia ante una posible emergencia derivada del contacto forzado con este grupo. 70. En diciembre de 2023, los representantes solicitaron que el Estado presente un Plan de Protección Territorial, que considere: (i) soluciones para reducir la vulnerabilidad de cauces fluviales que dan acceso al Territorio Indígena Yanomami; (ii) soluciones para el bloqueo efectivo de los ríos y el control del espacio aéreo del Territorio Indígena Yanomami; (iii) mecanismos que garanticen el patrullaje rutinario de los ríos, al menos mensualmente; (iv) planes de acción para regiones sensibles que incluyan acciones para neutralizar la minería ilegal, apoyo de emergencia, promoción de la salud, reocupación de UBSI con apoyo de fuerzas de seguridad y desarrollo de actividades de recuperación socioeconómica para las comunidades; (v) plan de capacitación indígena para su involucramiento en acciones de vigilancia en cauces fluviales; (vi) monitoreo remoto continuo del Territorio Indígena Yanomami con respuestas rápidas a nuevas alertas por parte de las fuerzas de seguridad; (vii) acciones periódicas de inspección en torno a pistas de aterrizaje, puertos y estaciones de combustible. 71. Los representantes destacaron puntos que merecen especial atención para la protección de las comunidades ubicadas en zonas de paso y salida de mineros ilegales del Territorio Indígena Yanomami: (i) comunidades de la región de Palimiú y la comunidad de Korekorema, que fueron víctimas de ataques armados a lo largo de 2021; (ii) las comunidades Ye’kwana en la región de Waikás, cerca de la mina Tatuzão, donde hay una alta concentración de mineros ilegales, también en las orillas del río Uraricoera; (iii) las comunidades de la región de Mucajaí, zona donde existe una fuerte infiltración de mineros ilegales armados; (iv) la pista de aterrizaje de la comunidad de Homoxi, que fue ocupada por mineros ilegales como centro logístico de la región, es escenario de situaciones de tensión y violencia que resultaron en la muerte de un hombre yanomami atropellado por una aeronave en 2022. 72. La Comisión expresó en enero de 2023 profunda preocupación por la continuación de graves eventos de riesgo, que habían culminado hasta la fecha con la muerte de al menos tres beneficiarios tras la concesión de las medidas provisionales de la Corte. Advirtió sobre la falta de información por parte del Estado sobre factores de riesgo relevantes, como la continuidad de la minería ilegal, la contaminación de los ríos con mercurio y la explotación sexual de niñas y mujeres. En noviembre de 2023, inclusive con base en la visita in situ, la Comisión destacó la continuidad de la situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de los pueblos indígenas. Si bien reconoció que las acciones adoptadas por el Estado brasileño a partir de 2023 fueron esenciales, alertó sobre el retorno de la minería ilegal al Territorio Indígena Yanomami, especialmente después de la disminución de las acciones de seguridad por parte de las autoridades estatales. Además, observó con preocupación la información de que hay grupos de mineros ilegales armados que forman parte de facciones del crimen organizado y permanecen en el Territorio Indígena Yanomami, distribuyendo armas a la población indígena y realizando acciones que buscan controlar y limitar las actividades de los beneficiarios de las presentes medidas. Al respecto, la Comisión destacó la continua presencia de la minería ilegal en las áreas de Parima, Arakaça y Alto Rio, así como en el área conocida como “Pista do Rangel”. 73. Medidas judiciales, legislativas y administrativas internas: En diciembre de 2022 el Estado indicó algunos procedimientos 21 en curso que tienen el objetivo de proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas: 21 En el documento el Estado hace mención de las decisiones, sin informar las medidas adoptadas para cumplirlas. - 20 -