140. En cuanto a la entrega de canastas básicas, a pesar de los esfuerzos emprendidos por el Estado hasta el momento, la Corte constata que la cantidad de alimentos han sido insuficientes y que, al parecer, su distribución no ha logrado alcanzar las comunidades más vulnerables. Según los representantes, las regiones con mayor grado de vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria son: Parafuri, Parima, Kayanau, Kataroa, Hakoma, Homoxi, Xitei, Auaris, Alto Catrimani, Haxiu y Waputha. El propio Estado reconoció que la distribución de canastas de alimentos vía aérea por parte de las Fuerzas Armadas es desafiante y que existen obstáculos para garantizar la frecuencia del servicio en los territorios más vulnerables a la exposición a la violencia de la minería ilegal. En ese sentido, el Estado debe diseñar e implementar con la mayor urgencia un plan de distribución que priorice la entrega regular de canastas de alimentos a las comunidades indígenas más vulnerables del Territorio Indígena Yanomami. 141. La Corte también pudo constatar de la información aportada por las partes y los testimonios recabados en el territorio, que uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado para garantizar efectivamente la protección de los pueblos beneficiarios de las presentes medidas es la falta de un control eficaz y permanente del espacio aéreo y de los ríos que cruzan el Territorio Indígena Yanomami. Al respecto, la representación de los beneficiarios indicó que, a partir del mes de julio de 2023, las denuncias del tráfico de aeronaves clandestinas se intensificaron aún más en el territorio. Según los representantes, los tres principales ejes de invasión aérea han sido el valle del río Uraricoera, el valle del río Mucajaí y la región del alto río Catrimani. Este Tribunal considera imprescindible que el Estado, a través de sus distintos órganos y fuerzas de seguridad, implemente un control efectivo y constante del espacio aéreo del territorio; la instalación de bloqueos en los ríos, especialmente en los que ya han sido identificados como los más utilizados por los mineros o los que concentran los principales focos de minería ilegal, inclusive los pequeños, y cree mecanismos que garanticen el patrullaje rutinario de los ríos. El Estado debe presentar información a la Corte sobre la evolución de la implementación de su “plan interministerial” para hacer frente a esta situación. 142. En lo que atañe al Pueblo Indígena Munduruku, la Corte advierte que, de la información brindada por el Estado – muchas veces genérica y no atinente solo al Pueblo Munduruku-, no es posible identificar medidas concretas y con el nivel de detalle que se requiere para que se pueda evaluar el impacto de las acciones emprendidas por el Estado. 143. De la información aportada por las partes, el Tribunal nota con preocupación el aumento del 22,30% de los casos confirmados de malaria en los primeros cuatro meses de 2023 respecto al mismo período de 2022. A propósito, la representación señaló que la malaria ha vuelto a ser una preocupación para la salud de los Munduruku, especialmente en los pueblos del Alto Tapajós (Rio das Tropas y Rio Kabitutu). Además, notaran que muchos pueblos todavía están sin acceso a profesionales de salud que realicen pruebas de malaria, lo que genera fallas en el número de notificaciones. 144. Es extremadamente preocupante, asimismo, las enfermedades generadas por la contaminación de los ríos, como consecuencia de la actividad minera ilegal. Según un estudio presentado por los representantes, en los primeros meses de este año el 99,09% de los pacientes atendidos presentaban niveles de mercurio superiores a los recomendados por la OMS y 72,72% de los individuos refirieron algún signo o síntoma físico sistémico, de los cuales el 87,5% fueron de origen neurológica. Igualmente preocupante es la noticia de que los/las profesionales de salud que actúan en el territorio Munduruku han notado un aumento en el número de niños/as con problemas neuromotores y niños/as nacidos/as con malformaciones cerebrales en territorios con alta concentración de actividad minera ilegal. En septiembre de 2023 el Estado informó que equipos de salud estarían monitoreando todos los casos de - 36 -