Convención y la correlativa protección de la independencia judicial en su dimensión institucional. Para cumplir con este objetivo, el voto se dividirá en cuatro apartados. 10. La primera sección pretende reconstruir la jurisprudencia interamericana en materia de juicios políticos. Desde el caso Tribunal Constitucional vs. Perú, la Corte IDH se ha encontrado con varios episodios de destitución arbitraria de jueces y juezas a través de procesos políticos, generalmente instigados por la insatisfacción de grupos políticos mayoritarios con decisiones judiciales que les desagradaban o contrastaban con sus programas políticos. Como se verá, el juicio político se ha utilizado como medio para eliminar divergencias mediante la destitución masiva de jueces y juezas de tribunales superiores. Por ese camino, la Corte IDH sentó las bases para consolidar sus estándares sobre la protección de la independencia judicial y sobre las garantías que deben asegurarse a los acusados en los juicios políticos. 11. Estas garantías serán objeto de la segunda sección del voto, dedicada a las obligaciones del Estado de promover la protección del debido proceso legal, del principio de legalidad y del derecho a la protección judicial en el contexto de los juicios políticos, sobre todo a partir de las consideraciones emitidas por la Corte IDH al examinar este caso. 12. En la tercera sección de este voto se analizan las garantías de no repetición otorgadas por la Corte IDH en relación con la reforma de la Ley Especial de Juicio Político de Honduras. En esta parte, trataremos de profundizar en los fundamentos que autorizan a la Corte IDH a examinar este acto normativo, a pesar de haber sido promulgado con posterioridad a los hechos del caso, y que justifican la necesidad de adecuarlo a los estándares derivados de la jurisprudencia interamericana en materia de juicios políticos. 13. La cuarta sección, finalmente, se ocupará de la concomitante vulneración de los derechos a la estabilidad laboral, derivada del artículo 26 de la Convención, y a la permanencia en cargos públicos, con base en el artículo 23 de la Convención, y la consecuente hermenéutica integral y no excluyente que debe guiar la aplicación de estos preceptos convencionales. II. Juicio político, democracia jurisprudencia de la Corte IDH e independencia judicial en la 14. El instituto del juicio político deriva sus fundamentos del principio democrático, en la medida en que hace posible el control y supervisión de los actos de los funcionarios del Estado por miembros elegidos por votación popular. 15. Sin embargo, a pesar de sus raíces democráticas, el mecanismo también puede convertirse en un instrumento de interferencia arbitraria entre los poderes del Estado, situación que exige especial cautela cuando se trata de la destitución de magistrados, dada la garantía de independencia del poder judicial. La distorsión de su propósito original de frenar los abusos es tanto más fácil cuanto menor sea la presencia de reglas procesales claras. 16. Desde hace tiempo, la Corte IDH ha vislumbrado la compleja relación existente entre el juicio político, la democracia y la independencia judicial. Al reconocer su naturaleza materialmente jurisdiccional y la necesaria aplicación del postulado del debido proceso legal, la Corte IDH ha enmarcado estos procesos en el marco del Estado 3