previsto para llevarlo a cabo. Consecuentemente, se puede afirmar que el registro
personal practicado a Azul Rojas Marín no se realizó conforme a las reglas del artículo
205156.
117. La Corte considera que el registro personal de la señora Rojas Marín no fue acorde a la
legislación nacional, ya que no se ha demostrado que existiera un motivo fundado
vinculando a la intervenida con la comisión de un hecho delictuoso.
118. En tercer lugar, respecto a la conducción a la comisaría, la legislación establece que se
puede conducir al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para fines exclusivos de
identificación, “[e]n caso [que] no sea posible la exhibición del documento de identidad[ y]
según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada”. Ya
se determinó que no se brindaron a la señora Rojas Marín las facilidades necesarias para
encontrar y exhibir su documento de identidad (supra párr. 115), por lo que no se ha
demostrado que no era posible la exhibición del documento de identidad. Además, el parte
establece que la presunta víctima fue conducida a la comisaría para su respectiva
identificación tomando en cuenta que se encontraba “indocumentada, sospechosa y por un
lugar que es frecuentado por personas que se encuentran al margen de la ley” 157. En el
parte policial no se hace referencia a la investigación de un hecho delictivo o a que se estaba
llevando a cabo una operación policial. En consecuencia, el Estado no ha acreditado el
cumplimiento de los supuestos legales para la conducción de la presunta víctima a una
dependencia policial.
119. En cuarto lugar, la legislación exige que i) el “procedimiento, contado desde el
momento de la intervención policial” no exceda las cuatro horas; ii) se le debe garantizar al
intervenido “el derecho a comunicarse con un familiar o con la persona que indique”, y iii)
“[l]a Policía deberá llevar, para estos casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las
diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de
las mismas” (supra párr. 113). Al respecto, la Corte advierte que la presunta víctima estuvo
detenida al menos cinco horas, lo cual excede el plazo permitido. Además, no existe
controversia sobre que la diligencia de identificación de la señora Rojas Marín no fue
registrada.
120. Respecto a la posibilidad que la señora Rojas Marín contactara a un familiar o la
persona de su elección, la Corte advierte que es el Estado quien tiene la carga de demostrar
que se le comunicó este derecho a la señora Rojas Marín. En el presente caso, el Estado no
ha alegado que se cumplió con esta obligación. Asimismo, en las declaraciones de la señora
Rojas Marín no se advierte que le haya comunicado que podía contactar a una persona.
Tomando en cuenta que correspondía al Estado demostrar que en el presente caso cumplió
con la obligación legal de notificar a la señora Rojas Marín de su derecho de contactar a un
familiar o amigo, la Corte considera que se incumplió con dicha obligación.
121. En virtud de lo anterior, esta Corte considera que la privación de la libertad de la
señora Rojas Marín no cumplió con los requisitos establecidos por la propia legislación
interna, por lo cual constituyó una violación al artículo 7.2 de la Convención, en perjuicio de
Azul Rojas Marín.
156
Declaración rendida ante fedatario público (afidávit) por Luis Alberto Naldos Blanco de 9 de agosto de 2019
(expediente de prueba, folios 3473).
157
Cfr. Parte policial de 25 de febrero de 2008 (expediente de prueba, folio 2752), y Acta de Registro Personal
de 25 de febrero de (expediente de prueba, folio 9). El acta específicamente establece que no encontraron “droga,
arma de fuego, joyas y especies, dinero en efectivo y/o celular”.
35