-3que aparezcan nuevos elementos probatorios que permitan reanudar la investigación […]”. Además, el 16 de enero de 2019, el Estado manifestó que la investigación de los hechos de 18 o 25 de agosto de 2018 se encontraba activa con órdenes a Policía Judicial. 4. Los representantes manifestaron que valoran positivamente la entrega de información y voluntad del Estado de proseguir con las rondas policiales. Sin embargo, reiterativamente han requerido que esta medida no sea de forma esporádica y que se realicen rondas completas, sin fotografiar la casa, sino “enfo[cando] únicamente la calle”. Además, en sus observaciones de 1 de mayo de 2019, los representantes manifestaron que se acordó que los hijos mayores de edad podrían “verificar la realización de las rondas”. 5. También los representantes hicieron observaciones respecto a los obstáculos en la implementación de las distintas medidas de protección que ponen en peligro la vida e integridad de la beneficiaria, respecto al chaleco antibalas para que se le asigne otro, el celular que le fue entregado, el vehículo que indicaron se encuentra en “estado deplorable”, por lo que solicitaron que se le asigne otro y que los montos destinados para combustible no resultan suficientes, ya que no han sido reajustados “desde hace 5 años” y que no cuentan con los recursos para pagar el parqueo de dicho vehículo. Por otro lado, la señora Almanza destacó su malestar respecto al reporte permanente de sus movimientos, siendo el “servicio de guardaespaldas el de acompañamiento mas no de seguimiento” y la necesidad de que este servicio se preste por mínimo 12 horas y requirió, reiteradamente, que cualquier cambio o relevo de guardaespaldas, debe ser aprobado por ella misma. Agregaron la falta de pago de los viáticos de viajes del personal asignado a su esquema de protección, y que, además, la Unidad Nacional de Protección ha negado constantemente los desplazamientos terrestres y aéreos de la señora Almanza. 6. En relación con los hechos de amenaza de agosto de 2018, cuando la beneficiaria recibió “flores fúnebres y una amenaza de muerte en la puerta de [su] residencia”, los representantes indicaron la falta de información respecto a la denuncia, investigación o avances en la identificación de las personas responsables. En sus observaciones de 1 de mayo de 2019, mencionaron que la denuncia había sido archivada por la incomparecencia de la beneficiaria a ampliar la denuncia, lo cual generó gran malestar, ya que “la carga de investigación no puede recaer en las víctimas”. Solicitaron que sean destinados los recursos humanos e investigativos suficientes para lograr la obtención de resultados concretos sobre los autores de las amenazas a la beneficiaria desde el año 2008. Además, pidieron un informe estatal respecto a los casos abiertos y los archivados y conocer el resultado del último estudio de riesgo, ya que para el 7 de marzo de 2020 se desconocía. 7. Por su parte, en sus observaciones, la Comisión indicó que valoraba las acciones tomadas por el Estado, además de considerar relevante que “continúe presentando sus informes periódicos […] sobre las acciones tomadas, así como de cualquier ajuste o cambio en el esquema de seguridad de la beneficiaria”. Reiteró “la importancia de contar con información actualizada con el fin de verificar la idoneidad y efectividad de las mismas”. 8. Además, observó con preocupación la persistencia en la situación de riesgo de la beneficiaria y no identifica información concreta sobre la manera que las medidas adoptadas por el Estado han logrado mitigar la situación de riesgo que enfrenta la beneficiaria en el marco de las labores de defensa de derechos humanos. Recordó la importancia de que se den “espacios de diálogo entre las partes con el fin de lograr una efectiva implementación de las medidas”.