5 g) Sin realizar una investigación de la masacre para aclarar los hechos, Suriname no puede “eliminar los obstáculos[…] que perpetúan la impunidad”. Dado que la Ley de Amnistía de 1992 impedirá que se juzguen actos que no constituyan delitos de lesa humanidad o de guerra, la aplicabilidad de esta Ley sólo puede establecerse una vez que se hayan determinado los hechos del caso y los indicios de responsabilidad; h) La persistente omisión de Suriname en cumplir con su obligación de investigar la masacre, castigar a los responsables y compensar a las víctimas continúa siendo la principal fuente de temor de las víctimas. De hecho, las continuas demoras en la investigación ocasionan un daño adicional a la moral y la integridad mental de las víctimas, y actúan como un poderoso recordatorio de que el Estado no está teniendo en cuenta seriamente sus derechos; i) La investigación y el castigo son condiciones necesarias para que las víctimas regresen a sus tierras tradicionales y para la reconciliación con los espíritus ancestrales y los parientes fallecidos de las víctimas. Esta es, entonces, la parte más importante para obtener justicia; j) Respecto del pago de costas reconocido a favor de Association Moiwana, la Sentencia de la Corte exigía que Suriname abone la suma de USD 8.000, correspondientes a los costas pasados y futuros de la asociación, y de ninguna manera condicionó el pago de dicha suma a la presentación de recibos y rendiciones de gastos al Estado; k) A la fecha, Stichting Moiwana ni Forest Peoples Programme han recibido los pagos de costas otorgados por el Tribunal. A pedido del Estado, Forest Peoples Programme presentó los detalles de la cuenta bancaria en junio de 2006, y el Estado otorgó garantías de que los fondos serían transferidos a más tardar el 14 de julio de 2006; l) El Comité que controla el uso del fondo de desarrollo ordenado por la Corte fue establecido con el carácter de fundación bajo el nombre de Stichting Fonds Ontwikkeling Moiwana Gemeenschaap (SFOMG). Suriname hará disponible a través de reembolsos por proyecto.” Si bien resulta poco claro en la Sentencia de la Corte si esta forma de pago resulta aceptable, las víctimas consideran que SFOMG debería poder controlar los fondos a su disposición y no debería tener que presentar propuestas ni solicitudes al Estado por cada actividad que realice. Asimismo, la comunidad Moiwana debe percibir los intereses que se devenguen sobre la suma de USD 1.200.000 y ello no puede suceder si el Estado continúa reteniendo estos fondos. Por ello, los fondos deben ser depositados en una cuenta a nombre de SFOMG, y los Representantes solicitan al Tribunal que ordene cumplir con esa medida a la brevedad; m) A pesar de dos manifestaciones contenidas en el informe presentado a la Corte en el sentido de que el Estado es plenamente responsable de solventar la implementación de la Sentencia del Tribunal, Suriname no afrontó los costas operativos para permitir que SFOMG lleve a cabo su misión y sus actividades. El Estado también se ha negado a pagar los viáticos y los costas de Andre Ajintoena, el representante elegido por las víctimas como miembro de SFOMG. El representante de las víctimas debe ser completamente capaz de participar en el proceso de toma de decisiones de SFOMG y el Estado tiene el deber de financiar dicha participación. Los Representantes solicitan que el Tribunal ordene al Estado ofrecer a SFOMG un presupuesto operativo que cubrirá, entre otras cosas, sus operaciones básicas, y los viáticos y los gastos emergentes del Sr. Ajintoena; a) Si bien la Comisión Nacional sobre Derechos Reales fue creada como corolario de la implementación del punto de la Sentencia “relativo a las cuestiones sobre