5 utilizar esta defensa en una etapa posterior en los procedimientos en razón de la consolidada doctrina del estoppel”. 16. Los representantes argumentaron que, según la doctrina del estoppel y los artículos 37 y 46 de la Convención Americana, “la Corte ha sostenido de manera consistente que un Estado no podrá objetar la admisibilidad de una demanda sobre la base de la falta de agotamiento de los recursos internos bajo circunstancias en las que tuvo todas las oportunidades para presentar dicha objeción ante la Comisión, pero no lo hizo de forma oportuna; [o] alternativamente[, alegaron que no] quedan recursos internos efectivos por agotar”. Los representantes agregaron que “[e]n el presente caso, el Estado de Barbados presentó por primera vez el asunto de [la falta de] agotamiento de los recursos internos en su [c]ontestación de fecha 9 de julio de 2008. Esto no fue realizado dentro del plazo asignado por la Comisión, [el cual era] de dos meses a partir del […] 23 de enero de 2007, fecha en que se transmitió la solicitud. Por lo tanto, la Comisión concluyó en [su Informe de Fondo No. 60/08 que]: ‘[e]l Estado no presentó observaciones respecto a la admisibilidad de las peticiones del señor Cadogan dentro del plazo otorgado. […] Dado que el Estado no respondió dentro de ese plazo, éste renunció tácitamente a su derecho a objetar la admisibilidad de las peticiones incluidas en la petición con base en el requisito de agotamiento de recursos internos’”. 17. Por otro lado, los representantes indicaron que “[e]n su petición ante la Corte de Justicia del Caribe solicitando un permiso de venia especial para apelar, la presunta víctima argumentó[,] inter alia, que su derecho constitucional a las garantías judiciales fue violado porque i) no le fue otorgado y/o fue privado de la asistencia [de un] experto en psiquiatría; ii) no tuvo y/o fue privado de la asistencia efectiva de un [a]bogado […], y iii) su [a]bogado […] era incompetente. [E]specíficamente, indicó que ‘debido a una falta de asistencia legal fue privado de la oportunidad de presentar pruebas respecto a si estaba sufriendo alguna enfermedad mental’. Además, la presunta víctima solicitó a la [Corte de Justicia del Caribe] su autorización para presentar pruebas adicionales de un psiquiatra respecto a [su] salud mental […], para complementar el informe del Dr[.] Mahy, que se admite resultó ser insatisfactorio, o al menos para detener la apelación con el fin de otorgar[le] la posibilidad de ser examinado con mayor profundidad por un experto en psiquiatría”. “La [Corte de Justicia del Caribe] negó a la presunta víctima el pedido de venia especial para interponer un recurso de apelación y por ende rechazó sus denuncias constitucionales”. En todo caso, los representantes también indicaron “que la asistencia legal para una apelación constitucional sólo está disponible para solicitudes ante el Tribunal Superior y apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones”. Por lo tanto, “no [había] [a]yuda [l]egal disponible para apelaciones del Tribunal de Apelaciones a la Corte de Justicia del Caribe cuando estaban vigentes las apelaciones de la presunta víctima”. 18. Este Tribunal6, al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos7, ha sostenido de manera consistente que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos debe ser presentada en el momento procesal oportuno; de lo contrario, el Estado habrá perdido la posibilidad de presentar esa defensa ante este Tribunal. 19. En el presente caso, tal y como se desprende del expediente del trámite de la 6 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 199, párrs. 28 y 53, y Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 20. 7 Cfr. ECHR Cases of De Wilde, Ooms and Versyp ("Vagrancy") v. Belgium, Judgment of 18 June 1971, Series A no. 12, para. 55; ECHR Case of Foti and others v. Italy, Judgment of 10 December 1982, Series A no. 56, para. 46, y ECHR Case of Bitiyeva and X v. Russia, Judgment of 21 June 2007, para. 90-91.