derechos económicos, sociales y culturales, los Estados responsabilidad por las violaciones de uno u otro grupo. tienen la misma 83. Desde este punto de vista, conscientes de la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en relación con los DESCA, los Estados han desarrollado mucho en las últimas décadas la protección jurisdiccional de estos derechos, y han promovido mecanismos que permiten incluso su justiciabilidad directa en materia constitucional. 84. A modo de ejemplo, cabe mencionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México59 que, en el ámbito de su mandato constitucional, tiene la facultad de declarar la violación de la DESCA mediante una sentencia de amparo, cuyo desarrollo fue posible gracias a la reforma constitucional mexicana de 2011. En el mismo sentido, al analizar la actuación del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se observa que las acciones típicas de Control de Constitucionalidad han demostrado ser auténticos vehículos para la promoción de los DESCA, por lo que la jurisprudencia que se forma a partir de esta vía jurisdiccional da vida a estos derechos. 85. El reciente desarrollo de los procesos de estructuración dentro de la jurisdicción constitucional brasileña es también un desarrollo inequívoco del lenguaje común formado a partir del reconocimiento de la justiciabilidad de los DESCA. En el argumento del incumplimiento de precepto fundamental n. 347, el Supremo Tribunal de Brasil reconoció el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, con la violación masiva de los derechos fundamentales de los presos60. Y este año, el mismo Tribunal inició el juicio del Argumento de Incumplimiento de Precepto Fundamental nº 760, que pretende la declaración de un estado de cosas inconstitucional en la protección del medio ambiente, concretamente en la lucha contra la deforestación de Amazonia, con votos ya emitidos que, entre otras razones, se basan en sentencias relevantes de esta Corte61. Todo ello demuestra que las sentencias de la Corte sobre DESCA tienen hoy un status de superprecedentes que dialogan con los ordenamientos jurídicos nacionales de forma directa y que no pueden abandonarse sin más. Brasil no está solo en esto, Colombia, entre otras naciones latinoamericanas, es también un laboratorio vivo de decisiones estructurantes, que han llevado al desarrollo de la doctrina del estado de cosas inconstitucional para hacer frente a los fallos de coordinación que ponen en peligro la fructificación de los variados DESCA. 86. En los casos que se presentan ante la Corte, los individuos y los grupos de la sociedad civil - cuyas oportunidades de participación activa en el SIDH se ampliaron positivamente con las reformas de 2000 y 2009 del Reglamento Interno de la Corte - también suelen hacer valiosas contribuciones a la interpretación de la Convención, como se refleja en los debates sobre el artículo 26. En el contexto de su participación en el SIDH como peticionarios, por ejemplo, es notable el número de peticiones presentadas a la Comisión y el número de Escritos de Peticiones, Argumentos y Pruebas (“ESAPs”) presentados a la Corte que contienen alegaciones de violaciones directas del artículo 26 de la Convención en los últimos años62. La Corte ha publicado recientemente un manual didáctico sobre la justiciabilidad de los DESCA, que ilustra los diálogos establecidos entre el SIDH y el ámbito nacional en materia de protección de estos derechos. 59 Cfr. Supremo Tribunal Federal. ADPF 347-MC, Relator Ministro Marco Aurélio. Juzgado el 09 de septiembre de 2015. 60 Cfr. Supremo Tribunal Federal. ADPF 760, Relatora Ministra Cármen Lúcia. Juzgado el 31 de marzo de 2022. 61 62 Por ello, es fundamental notar que hace casi 20 años que los peticionarios han invocado tal disposición en defensa de los DESCA. Cfr. Caso "Cinco Pensionistas" vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 17