84
y funcionarios públicos332. Respecto de estos últimos, la CIDH registró despidos, ordenes de captura,
actos de persecución, amenazas y hostigamientos por acciones interpretadas como contrarias a los
intereses y a la política del gobierno de facto333. Al respecto, la Comisión consideró que la protección
efectiva a la permanencia en los cargos públicos no fue garantizada por las autoridades de facto, lo que
supuso serias restricciones al ejercicio de las funciones públicas, entre otras”334. En el caso particular de
docentes y líderes magisteriales, quienes desempeñaron un papel importante en la resistencia al golpe,
la CIDH recibió información que indica que se habría ordenado la no renovación de docentes interinos y
que se habrían iniciado investigaciones y acciones penales a los docentes que ejercieron su derecho de
huelga en oposición al gobierno, a través de inspecciones y actas elaboradas por el Consejo Nacional de
Derechos Humanos y la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de la Niñez335. Igualmente, la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó que algunos
directores de Escuela fueron sometidos a juicios iniciados por las autoridades, bajo el argumento de que
“las huelgas violaban el derecho de los niños a la educación”336.
279. La Comisión verificó que bajo un trato evidentemente discriminatorio, las medidas
coercitivas se dirigieron específicamente a la oposición política. La CIDH observó que las
manifestaciones, campañas y cualquier otro tipo de expresión a favor del golpe de Estado se realizaron
en marcos de tranquilidad y seguridad, no habiéndose registrado, por ejemplo, en ninguna de las
manifestaciones a favor del gobierno de facto actos de violencia consumados por miembros de las
fuerzas de seguridad337. En igual sentido, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación verificó que “el
uso de la fuerza fue discriminatorio respecto del derecho a la igualdad, en relación con los derechos a
332
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