15 dictamen pericial sobre la necesidad de creación de un instituto de antropología y genética forense en El Salvador, así como respecto a las características y herramientas que debe tener una institución de esta naturaleza. 9) Ana Georgina Ramos de Villalta, gerente de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) con experiencia de trabajo en la promoción de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en El Salvador, perito propuesta por los representantes, quien rindió un dictamen pericial sobre las características comunes que han sido identificadas en los casos de desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador, haciendo especial énfasis en la posible afectación de su identidad. 31. Además, la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de las siguientes personas: 1) Gregoria Herminia Contreras, víctima propuesta por los representantes, quien declaró sobre las condiciones en las que se habría visto obligada a vivir y los efectos que habría tenido sobre su identidad la alegada separación forzada de su familia; el alegado sufrimiento a raíz de la separación de sus padres y hermanos, y por la incertidumbre de no saber qué ocurrió a Serapio Cristian y Julia Inés Contreras; el significado que para ella tuvo el reencuentro con su familia, y las acciones que el Estado podría adoptar, a su parecer, para reparar las alegadas violaciones causadas a ella y a su familia. 2) María Sol Yáñez de la Cruz, Profesora e Investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), perito propuesta por los representantes, quien rindió un dictamen pericial sobre los efectos psicosociales que la alegada desaparición forzada habría tenido sobre Gregoria Herminia Contreras y las secuelas que a consecuencia de estos hechos continuaría teniendo en la actualidad; el daño causado en las familias de todas las presuntas víctimas de este caso a raíz de la alegada desaparición forzada de los niños y niñas; los efectos psicosociales que la alegada impunidad de estos hechos habría generado sobre sus familiares; así como las medidas que el Estado salvadoreño podría adoptar para reparar el daño causado a las presuntas víctimas y a sus familiares. 3) Ricardo Alberto Iglesias Herrera, abogado y notario en práctica privada, ex Procurador Adjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, perito propuesto por los representantes, quien rindió un dictamen pericial sobre la alegada impunidad generalizada que imperaría en los casos de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador y a sus principales causas; el análisis de los distintos procesos judiciales adelantados en El Salvador con relación a la desaparición forzada de niños y niñas con el fin de identificar los principales obstáculos para la obtención de justicia en este tipo de casos, así como recomendaciones en relación con las medidas que el Estado podría adoptar para superar estos obstáculos. hasta el 25 de mayo de 2011 que remitieron el dictamen rendido ante fedatario público. Además, el señor Thomas J. Parsons no participó en la elaboración del dictamen pericial ofrecido por los representantes “debido a que no fue posible […] contactarlo dentro del plazo establecido”.