Caso Manuela y otros Vs. El Salvador requiere especial protección estatal. En el presente caso Manuela integra un grupo en especial situación de vulnerabilidad; la privación de derechos y la interseccionalidad acentúa los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado (art.1.1 de la Convención) y determina que conforme el artículo 2 de la misma el Estado adopte “… las medidas legislativas o de otro carácter…” necesarias para superar las múltiples violaciones de derechos. III. Importancia de la perspectiva de género en relación con el acceso a la justicia en casos como el de Manuela. 24. La obligación positiva del Estado, ante la verificación de un patrón de discriminación interseccional y estructural como el descrito, consiste en el desarrollo de líneas de acción mediante el desarrollo de políticas sistemáticas que actúen sobre los orígenes y causas de su existencia. Es así que es necesario mencionar que el Estado está especialmente obligado a garantizar el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en aquellos casos, como el presente, en lo que en un contexto de discriminación estructural contra la mujer confluyen en forma interseccional varios factores de discriminación24. 25. En esta línea, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer ha señalado que “la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y otras mujeres” 25. Es así que factores interseccionales “dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a la justicia”26. 26. En este contexto resulta imprescindible la garantía del derecho a una defensa técnica con perspectiva de género y sensible a las cuestiones de género, competente, eficaz y brindada desde el primer interrogatorio y en las diligencias posteriores. Es un deber específico del Estado en este caso, en el que se da una especial situación de vulnerabilidad causada por la interseccionalidad de varios factores de discriminación como son la condición de mujer rural, la pobreza y el analfabetismo, que agravan la 24 Amicus Curiae Fundación para el Debido Proceso, pág. 3. CEDAW. Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr.8. 25 CEDAW. Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, 3 de agosto de 2015, párr.8. 26 9