con los parámetros de debida diligencia establecidos en los estándares interamericanos sobre la
materia […]”. En [esa medida] consider[ó] [satisfecha] esta recomendación” de la Comisión
establecida en su Informe de Fondo.
B.1. Conclusión de la causa penal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz
283. La Corte recuerda que en el marco de ese proceso llevado a cabo en contra de Daniel
García Rodríguez y de Reyes Alpízar Ortiz, se vulneró el principio del plazo razonable y que las
víctimas fueron privadas de la libertad preventivamente durante 17 años, dado que continúan
hasta el momento con medidas restrictivas a la libertad con un sistema de rastreo y localización
(supra párr. 87). De ese modo, la prolongación del proceso y la indeterminación que ello acarrea
para las víctimas del caso siguen constituyendo un factor de angustia y de afectación a su proyecto
de vida. Lo anterior se pudo ver agravado desde que fuera emitida la sentencia de condena de
primera instancia el 12 de mayo de 2022 (supra párr. 10).
284. El uso de la tortura como mecanismo para obtener confesiones o antecedentes
incriminatorios del imputado o acusado no puede tener otra consecuencia que la exclusión de la
prueba. De lo contrario, la prohibición de tortura quedaría vaciada de contenido, convirtiéndose en
un derecho meramente formal sin ninguna consecuencia operativa. En vista de que el proceso se
encuentra aún en fase recursiva, las autoridades competentes deberán -de oficio-, al resolver el
recurso de apelación y en los demás actos procesales, excluir todos los antecedentes
incriminatorios que fueron obtenidos bajo coacción o tortura para determinar si se mantiene o no
el fundamento para establecer la responsabilidad penal de los acusados. Debido a la extrema
tardanza que ha sufrido el proceso, para esta Corte resulta imperativo que se concluya la
resolución definitiva de este caso a la brevedad posible, en estricto apego a las garantías del
debido proceso contenidas en la Convención Americana. La Corte, en el marco del proceso de
supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, revisará si las autoridades excluyeron los
antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción en todas las actuaciones procesales referidas
al presente caso.
285. Del mismo modo, si bien desde el año 2019 las víctimas del caso fueron puestas en libertad,
ellas siguen padeciendo hasta la actualidad medidas restrictivas a su libertad personal y a su
libertad de circulación en la medida que, como consecuencia de una medida cautelar alternativa a
la privación a la libertad, se les impuso el uso obligatorio en todo momento de los brazaletes
electrónicos de georreferenciación hasta la finalización del proceso penal. Tomando en cuenta la
vigencia de esas restricciones a la libertad, así como la obligación a cargo de los Estados de revisar
periódicamente las medidas de esa naturaleza (supra párr. 184), esta Corte ordena que las
autoridades internas deberán, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Sentencia,
evaluar la pertinencia de mantener las medidas cautelares en su perjuicio. Para esos efectos,
deberán tomar en cuenta los estándares mencionados en esta Sentencia sobre las finalidades
legítimas para una restricción a la libertad (peligro de fuga y conservación de la prueba), la
idoneidad de la medida, la necesidad de la misma y la estricta proporcionalidad (supra párrs. 154
a 163). También deberán excluirse todos los antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción
o tortura al momento de adoptar y revisar las medidas cautelares respecto de Daniel García
Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.
B.2. Deber de investigar, procesar y sancionar a los eventuales responsables de los hechos de
tortura en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz
286. La Corte advierte que en el presente caso se concluyó que el Estado era responsable por
los hechos de tortura en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz ocurridos durante
el periodo que estuvieron bajo arraigo (supra Capítulo VIII.2.B.1). Por lo tanto, el Estado deberá,
en un plazo razonable y con la debida diligencia, investigar, procesar y, en su caso, sancionar a
los eventuales responsables de los hechos de tortura en perjuicio de Daniel García Rodríguez y
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