judiciales, incluso en los que ha operado la prescripción, cuando, en una sentencia futura de
la Corte Interamericana se determine la responsabilidad internacional del Estado por el
incumplimiento de la obligación de investigar violaciones de derechos humanos de forma
diligente e imparcial.
E.3 Adecuación normativa sobre la competencia en materia investigativa
188. La Corte recuerda que, en el presente caso, se iniciaron investigaciones en el ámbito
penal militar, a pesar de que la investigación versaba sobre la privación de la vida de 12
civiles presuntamente perpetrada por agentes de Policía Militar (supra párrs. 103 a 105). Por
tanto, en la misma línea del caso Tavares Pereira y otros Vs. Brasil, el Tribunal considera que
el Estado debe adoptar las medidas necesarias para suprimir la competencia de la Policía
Militar para investigar delitos presuntamente cometidos contra civiles 295. Asimismo, reitera lo
que determinó en el caso Favela Nova Brasilia en el sentido de que el Estado deberá tomar
las medidas normativas necesarias para que desde la notitia criminis la investigación sea
realizada por un órgano independiente y diferente de la fuerza policial involucrada en el
incidente, tales como una autoridad judicial o el Ministerio Público, asistido por personal
policial, técnico criminalístico y administrativo ajeno al cuerpo de seguridad al que pertenezca
el posible imputado o imputados 296. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para que
ese procedimiento sea implementado dentro del plazo de un año a partir de la emisión de la
presente Sentencia, en conformidad con los estándares de investigación independiente
mencionados en los párrafos 100 a 104.
E.4 Fortalecimiento de la función del control externo del Ministerio Público del Estado
de São Paulo
189. El Tribunal recuerda que los representantes solicitaron estructurar las áreas internas
en el Ministerio Público para que ejerzan de manera adecuada el control externo de la Policía,
mediante la instauración de procedimientos de investigación autónomos en casos de muertes
y demás violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de seguridad pública (supra
párr. 173). Al respecto, observa que del dictamen pericial del señor Suxberger 297, se
desprende la necesidad de que el Ministerio Público de São Paulo cuente con recursos
humanos y materiales para realizar el control externo de la actividad policial. Por lo tanto, la
Corte estima pertinente ordenar al Estado que, dentro de la función de ejercer el control
externo de la policía, garantice que, en un plazo razonable, el Ministerio Público del Estado de
São Paulo cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para investigar las
muertes de civiles cometidos por policías, tanto civiles como militares.
F. Otras medidas solicitadas
190. La Comisión solicitó que se ordene al Estado “contar con un marco jurídico sobre el
uso de la fuerza que sea compatible con los estándares esbozados en el Informe de Fondo”.
Además, indicó que Brasil “debe contar con programas permanentes de educación en materia
de derechos humanos para los miembros de la Policía Nacional, así como con capacitación y
entrenamiento periódico en todos los niveles jerárquicos, con especial énfasis en el uso
legítimo de la fuerza”. Además, señaló que el Estado debe reforzar sus prácticas en materia
de investigación para que no se confunda la competencia del ente investigativo ni se
obstruyan las investigaciones.
295
296
297
Cfr. Caso Tavares Pereira y otros Vs. Brasil, supra, párr. 209 y punto resolutivo 13.
Cfr. Caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil, supra, párr. 319.
Cfr. Peritaje rendido por Antonio Henrique Suxberger durante la audiencia pública del presente caso.
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