191. Los representantes requirieron que se ordene al Estado como medida de satisfacción
construir un monumento en memoria de las víctimas, en la plaza del peaje de la carretera
José Ermírio de Moraes (Castelinho). Además, en el marco de las medidas de rehabilitación,
solicitaron que el Estado proporcione atención médica y psicológica especializada a las
personas víctimas de la violencia policial. Peticionaron que la atención sea proporcionada por
el tiempo que indique el personal profesional, que sea especializada en traumas generados
por la violencia policial y que esté dirigida a los sobrevivientes de incidentes violentos y a los
familiares de las personas fallecidas en tales circunstancias, independientemente de que haya
habido una investigación de responsabilidades o una decisión judicial. Adicionalmente,
solicitaron que se ordene la formación del personal de la Red de Atención Psicosocial (RAPS)
para que puedan prestar este tipo de atención médica. Señalaron que, en caso de que la
implementación de esta medida sea progresiva, se prioricen las zonas en las que los índices
de letalidad y victimización policiales son más elevados. Por otro lado, los representantes
solicitaron otras garantías de no repetición a ser integradas dentro del plan específico para
reducir la letalidad policial y supervisar las fuerzas de seguridad pública (supra párr. 172) 298.
192. Los representantes también solicitaron: i) la creación y mantención de un sitio web
específico, durante un plazo indeterminado, para divulgar los perfiles de las personas víctimas
de violencia policial que hayan sido asesinadas mientras estaban desarmadas, con
autorización previa de los familiares. ii) la elaboración de dictámenes periciales en todos los
casos de homicidio (consumados o en grado de tentativa) en los que hubiese habido
intervención policial; iii) la garantía de que los órganos encargados de realizar pericias
documenten, por medio de fotografías, las pruebas periciales producidas en las
298
Indicaron que las medidas a incorporar son: i) Capacitación y sensibilización de la policía sobre la
observancia de los parámetros democráticos y de respeto a los derechos humanos, de manera permanente y
obligatoria. Enfatizaron en la importancia de que la formación no sea teórica, sino que debe estar centrada en la
práctica profesional y cotidiana de los policías. Asimismo, solicitaron que en la formación se aborde: a) el racismo
estructural, la prohibición de abordar y detener sobre la base de estereotipos, desigualdad de género, discriminación
homofóbica y otras formas de discriminación y prejuicios y, b) el uso de la fuerza letal. En particular, indicaron que,
tales capacitaciones deben tener una perspectiva racial que involucre un enfoque histórico, político, económico,
sociológico, antropológico y cultural y, tanto el profesorado de las academias de policías como el reclutado en
universidades, institutos de investigación especializados en seguridad pública y derechos humanos y en
organizaciones de la sociedad civil, deben aplicar periódicamente un “plan político-pedagógico”. De igual manera,
señalaron que el Estado debe dotar de los recursos materiales requeridos para que los policías puedan ofrecer un
servicio de seguridad pública de calidad. ii) Elaboración de protocolos sobre uso proporcional y progresivo de la fuerza
de conformidad con la Constitución Federal brasileña y con los estándares internacionales, especialmente aquellos
previstos en los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Responsables de
la Aplicación de la Ley. Resaltaron la necesidad de que los procedimientos policiales que involucren el uso legítimo
de la fuerza sean regulados por ley federal, y que los Estados federados solo tengan la competencia de
reglamentación. Solicitaron que, dentro de dicha regulación, el uso de la fuerza se fundamente en los principios de
excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad; que se establezca como obligatorio el uso prioritario del armamento
menos letal incluso en casos de persecución de sospechosos, aunque estuvieren armados, y que en caso de
operaciones y persecuciones de personas desarmadas se prohíba el uso de armas letales. iii) Elaboración de
protocolos de abordaje policial y búsqueda personal a fin de minimizar la práctica de perfilamiento racial, que sea
regulado mediante ley. Solicitaron que el protocolo establezca que la intervención policial sea necesariamente basada
en elementos objetivos que se vinculen razonablemente a la práctica de una conducta criminal, siguiendo los
parámetros establecidos en el caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina. iv) Programas de reconocimiento de
las actuaciones policiales, enfocadas en incentivar la buena atención al público, la excelencia técnica para investigar
delitos y las acciones para prevenir y mejorar las relaciones con la comunidad. v) La prohibición de promover o
premiar a policías por hechos que involucren muertes, mientras aún estén siendo investigados. vi) Que a los agentes
de seguridad pública se les proporcione capacitación sobre cómo los policías deben actuar cuando están fuera de
servicio, con la finalidad de reducir la muerte de estos. vii) Mejorar de las condiciones de trabajo de los agentes de
seguridad pública. Solicitaron que se les provea equipos de protección adecuados, los cuales deberán estar
disponibles incluso durante sus períodos de descanso. viii) Acompañamiento psicológico y terapéutico constante y
específico para policías con el fin de disminuir el impacto negativo de la actividad que realizan y de las presiones que
sufren, así como las consecuentes actuaciones impulsivas o agresivas que pudieran tener. Indicaron que una atención
psicológica que aborde las prácticas cotidianas de estos y en donde puedan compartir las dificultades vividas
permitiría disminuir la tensión que su labor produce, garantizándose así una calidad de vida en estos y en el servicio
público que prestan.
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