Públicas están dotadas de autonomía funcional y administrativa, y tienen presupuesto propio,
desvinculado del presupuesto del Poder Ejecutivo. Asimismo, que la Ley Orgánica de la
Defensoría Pública establece en su artículo 8, como una de las fuentes de ingresos, los
"honorarios de abogados fijados en las acciones en que ha actuado”.
209. El Estado solicitó a la Corte que las costas y gastos solo sean ordenados si se declara
la responsabilidad internacional del Estado, y que para calcularlos tome en cuenta los
parámetros de su jurisprudencia, considerando como costas únicamente las cantidades
razonables y debidamente comprobadas y necesarias para la actuación de los representantes
ante el Sistema Interamericano, considerando la documentación de soporte, la relación directa
de las reclamaciones con el caso concreto y las circunstancias del caso.
210. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia, las costas y gastos hacen parte
del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin
de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben
ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante
una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al
Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las
autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el
sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la
naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos. Esta
apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los
gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable 315.
211. La Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que
se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho
que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se
establezcan con claridad los rubros y su justificación 316. En ese sentido, el Tribunal nota que
los representantes presentaron un cuadro explicativo respecto a los gastos. La cantidad
solicitada corresponde a las erogaciones efectuadas durante el trámite ante la Corte,
compuesta por los siguientes rubros: el pago de R$257,25 (doscientos cincuenta y siete reales
con veinticinco centavos) por la emisión del pasaporte de Silvana Bernardino do Carmo, de
R$61,20 (sesenta y un reales con veinte centavos) por los gastos notariales de tres affidavits,
de R$ 6.645,78 (seis mil seiscientos cuarenta y cinco reales con setenta y ocho centavos) por
los boletos aéreos de dos defensores, de R$ 4.628,88 (cuatro mil seiscientos veintiocho reales
con ochenta y ocho centavos) por los viáticos de estos dos defensores (hospedaje,
alimentación y transporte); de R$ 3.277,20 (tres mil doscientos setenta y siete reales con
veinte centavos) por gastos para la transmisión de la audiencia a los familiares, y R$50.000
(cincuenta mil reales) por los honorarios de los dos defensores. Únicamente no presentaron
los comprobantes respecto a los alegados honorarios.
212. La Corte aprecia que las víctimas del presente caso fueron representadas al menos en
el ámbito internacional por la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, entidad a la que se
le asigna un presupuesto público específico. En el presente caso, nota que existe una
habilitación legal para que tal Defensoría reciba el reintegro de emolumentos.
Particularmente, mediante la Ley Complementaria No.988 de 9 de enero de 2006 se indica
que el presupuesto de dicha institución estará conformado, entre otros, por los honorarios
315
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 42, 46 y 47, y Caso
Córdoba Vs. Paraguay, supra, párr. 155.
316
Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 277, y Caso Córdoba Vs. Paraguay, supra,
párr. 156.
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