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de factores geográficos94, sociales, económicos y culturales95, que han convertido a dicha zona,
desde la época de los hechos bajo examen hasta la actualidad, en el escenario propicio en el que
desarrollan sus actividades ilícitas distintos cárteles del narcotráfico, rivales entre sí,
principalmente las denominadas organizaciones “Carrillo Fuentes” y “Pacífico”. Estas
organizaciones criminales se disputan su control territorial a través de grupos antagónicos de la
delincuencia organizada que operan como “brazos armados” de los mismos 96. Dentro de este
contexto, el Ejido Benito Juárez “se ha caracterizado por ser un bastión de ‘La Línea’, el cual es
un brazo armado de la organización [criminal] Carrillo Fuentes” 97.
71. Dentro del marco temporal en que ocurrieron los hechos del caso concreto y hasta el
presente, la lucha por el control de estos territorios por parte de las organizaciones criminales ha
desencadenado períodos de intensificación de la violencia tales como enfrentamientos armados,
homicidios múltiples, agresiones en contra de las autoridades locales y, en general, un incremento
paulatino en la incidencia delictiva atribuible a dichas organizaciones 98, lo cual ha motivado
operaciones militares a gran escala por parte de las autoridades de seguridad pública del Estado
mexicano, incluyendo la zona noroeste de Chihuahua en donde se sitúa el Ejido Benito Juárez 99.
72. En particular, el 28 de marzo de 2008 dio inicio en México el “Operativo Conjunto Chihuahua”
como estrategia estatal de seguridad basada en el despliegue de efectivos militares para enfrentar
dicho escenario100. Su objetivo declarado “[fue] el de combatir la inseguridad pública, así como el
elevado número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, derivado principalmente
de la disputa que mantenían por el control de la zona las organizaciones Carrillo Fuentes y Pacífico,
además de la presencia de algunas células de Los Zetas, especialmente en Ciudad Juárez” 101.
Dicho “Operativo” tuvo su sede en la Quinta Zona Militar, que abarca la zona norte de Chihuahua,
y fue puesto bajo la coordinación del comandante de dicha jurisdicción castrense, cuyo centro de
mando se encontraba ubicado en Ciudad Juárez 102 En su fase inicial contó con la participación de
2,500 efectivos federales, de los cuales 2,026 eran elementos militares y “425 agentes federales
y ministerios públicos del fuero federal […]”. Paulatinamente, la presencia de elementos del
Ejército en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua se incrementó hasta alcanzar en el año
2009 la cifra aproximada de 8,500 soldados y 2,300 agentes federales, tan solo en Ciudad
El Equipo Internacional de Peritos [EIP] concluyó que para la comprensión de las circunstancias en que ocurrieron
los hechos del caso concreto, deben tomarse en cuenta, entre otros factores, “la orografía altamente accidentada y los
diferentes tipos de clima y suelo [que] dificultan el acceso, limitan la cobertura por parte de las instituciones de seguridad
y justicia del Estado, y la han convertido en un área estratégica para el cultivo, procesamiento y tráfico de narcóticos […]”.
Cfr. Informe del EIP rendido en el marco de asistencia a la FGE - Chihuahua de 31 de marzo de 2015, supra (expediente
de prueba, f. 28882).
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De acuerdo con el GIASF, dichos factores incluyen “su trayectoria de lucha en la defensa de sus recursos y sus
derechos agrarios y una identidad fuertemente relacionada con el arraigo a la tierra y el trabajo del campo […] procesos
organizativos y por las diversas manifestaciones de violencia social y política que han impactado las dinámicas ejidales”.
Cfr. Declaración pericial del GIASF rendida el 19 de abril de 2018, supra (expediente de prueba, Affidávits, ff. 31145).
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Cfr. Informe emitido por el CENAPI – PGR el 13 de octubre de 2017, supra (expediente de prueba, f. 28511). En
dicho documento, se señaló que las principales organizaciones del crimen organizado que se encuentran en disputa por el
dominio territorial del Estado de Chihuahua, además de las organizaciones del “Carrillo Fuentes” y ”Pacífico”, son sus
respectivos “brazos armados” conocidos como “La Línea” y la pandilla de “Los Aztecas”, por un lado, y por el otro, el grupo
criminal denominado ”Gente Nueva” y las pandillas conocidas como “Los Mexicles” y ”Artistas Asesinos”. En el mismo
sentido, Cfr. Declaración rendida en la Audiencia Pública ante la Corte por el perito Carlos Rodríguez Ulloa, el 26 de abril
de 2018, supra, pág. 131-134.
97
Cfr. Informe emitido por CENAPI – PGR el 13 de octubre de 2017, supra (expediente de prueba, f. 28517), y
Declaración de José Emilio Serrano Santiago, Director General de Análisis Nacional y Encargado de la Dirección General
de Análisis contra la Delincuencia en el CENAPI - PGR rendida el 12 de abril de 2018 ante la AMPF de la FEIDDF - PGR,
supra (expediente de prueba, f. 31197).
98
Cfr. Informe emitido por el CENAPI – PGR el 13 de octubre de 2017, supra (expediente de prueba, ff. 28511,
28513 y 28519).
99
Cfr. Informe del EIP, 2015, supra (expediente de prueba ff. 28880 a 28881 y 28892).
100
Cfr. Informe del EIP, 2015, supra (expediente de prueba, f. 28891).
101
Cfr. Informe emitido por el CENAPI – PGR el 13 de octubre de 2017, supra (expediente de prueba, f. 28534).
102
Cfr. Presidencia de la República. Estados Unidos Mexicanos. Cuarto Informe de Gobierno, supra, pág. 30, y
Declaración en la Audiencia Pública ante la Corte del perito Salvador Salazar Gutiérrez, supra, pág. 102.
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