26 Juárez103. Antes de su cambio de denominación en el año 2010, el “Operativo Conjunto Chihuahua” alcanzó la participación 10,000 efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en la región104. 73. El 20 de octubre de 2009, en las inmediaciones del municipio de Buenaventura, Chihuahua, tuvo lugar el secuestro y posterior homicidio del Comandante de la Policía Federal José Alfredo Zilli Peña y dos agentes de su corporación que le acompañaban105. Tras ello, alrededor de 3 mil efectivos de la Policía Federal y el Ejército que formaban parte del personal del “Operativo Conjunto Chihuahua” fue desplegados en su búsqueda en diversas localidades, tales como Villa Ahumada y el Ejido Benito Juárez 106. Como parte de sus operaciones, dichos elementos recorrían ranchos, instalaban retenes en carreteras, brechas, arroyos, vigilaban la entrada de los poblados y detenían a varias personas en la comunidad de Benito Juárez por su presunta relación con dichos homicidios. En ese contexto, se denunciaron excesos cometidos por parte de dichos elementos en contra de sus pobladores107. 74. En enero de 2010, el “Operativo Conjunto Chihuahua” cambió su denominación a “Operación Coordinada Chihuahua”, “a partir del replanteamiento de la estrategia de intervención de las fuerzas federales en el marco de la [e]strategia [i]ntegral contra la delincuencia organizada”108 y fueron destacados adicionalmente 1,300 elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal a Ciudad Juárez 109. Finalmente, el 9 de abril de 2010 el mando único de la “Operación Coordinada Chihuahua” fue transferido a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en tanto que los elementos del Ejército mexicano fueron destinados a la frontera con los Estados Unidos de América para desarrollar labores de vigilancia110. Este cambio de paradigma se debió en gran medida a la crítica reprobatoria de la sociedad civil por la presencia del Ejército en actividades de seguridad pública en los municipios cercanos a Ciudad Juárez y, según peritos, a las alegadas graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con elementos castrenses 111. El “Operativo Conjunto Chihuahua”, “[…] implicó el despliegue de 10 “Bases de Operación Mixta”, de carácter permanente y cuya sede se localizaba en Ciudad Juárez, 46 puestos de control móviles y el refuerzo de la Guarnición Militar en el municipio de Palomas, más el envío de fuerzas especiales […] [e] incluía operaciones en las ciudades de Chihuahua, Buenaventura, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Asunción”. Estaban integradas, cada una de ellas, “con un agente del Ministerio Público de la Federación, elementos [castrenses] y vehículos de distintas corporaciones como SEDENA, Procuraduría General de la República [PGR], Policía Federal [PF], Policía Estatal y Policía Municipal”. Cfr. Declaración pericial del GIASF rendida el 19 de abril de 2018, supra (expediente de prueba, ff. 31150 a 31151). 104 Cfr. Declaración rendida en Audiencia Pública ante la Corte por el perito Salvador Salazar Gutiérrez, supra, pág. 102. 105 Cfr. Oficio sin número de 21 de octubre de 2009 de la Dirección General de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal (expediente de prueba, expediente penal, ff. 8362 a 8363); Fe Ministerial de Inspección Ocular de Identificación de Cadáveres [de quienes en vida llevaron los nombres de José Alfredo Zilli Peña, Felipe Arizpe Hernández y Armando Vega López] de 31 de octubre de 2009 suscrita por el AMPF adscrito a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de la PGR en Ciudad Juárez (expediente de prueba, expediente penal, ff. 8737 a 8742), y Oficio sin número de 4 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal (expediente de prueba, expediente penal, f. 8772). 106 Cfr. Nota de Prensa titulada “Sigue la búsqueda de ‘Federales’ levantados en Chihuahua”, publicada en “El Siglo de Torreón” (expediente de prueba, expediente penal, f. 12020 a 12021), y Nota de Prensa titulada “Hallan cuerpos de los 3 agentes federales que habían sido levantados en Chihuahua”, publicada en el Diario “La Jornada” el 1 de noviembre de 2009 (expediente de prueba, expediente penal, f. 12022 a 12023). 107 Cfr. Informe del EIP, 2015, supra (expediente de prueba, ff. 28892 y 28896), y Nota de prensa titulada “Hallan cuerpo de inspector”, de 24 de octubre de 2009 (expediente de prueba, expediente penal, f. 12025). 108 Cfr. Informe emitido por el CENAPI – PGR el 13 de octubre de 2017, supra, (expediente de prueba, f. 28532). 109 Cfr. Declaración rendida en la Audiencia Pública ante la Corte por el perito Salvador Salazar Gutiérrez, supra, pág. 102. 110 Cfr. Informe emitido por el CENAPI – PGR, supra (expediente de prueba, f. 28533), y Declaración de José Emilio Serrano Santiago, Director General de Análisis del CENAPI – PGR, rendida el 12 de abril de 2018 ante la AMPF de la FEIDDDF - PGR, supra (expediente de prueba, Affidávits, f. 31195). 111 Cfr. Declaración rendida en la Audiencia Pública ante la Corte por el perito Salvador Salazar Gutiérrez, supra, págs. 113 a 114. En el mismo sentido, Declaración pericial de Gabriella Citroni rendida el 18 de abril de 2018, supra (expediente de prueba, Affidávits, f. 31061). La citada perito, señaló que en el marco de la implementación del “Operativo Conjunto Chihuahua” tuvo lugar “la comisión de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, y, en general, el uso excesivo de la fuerza [fueron] notorios […] ha desatado [sic] mayor violencia así como […] una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”. 103