4 * * * 7. Que las representantes remitieron información sobre “los elementos que […] colocan [a la señora Pérez Torres] en un constante riesgo para su vida y su integridad, así como la de su familia, por el trabajo que ha desempeñado en los últimos diez años y por el tipo de información que tiene, misma que ha sido publicada en torno a las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, entre las que destaca el caso de Campo [A]lgodonero”. El escrito de las representantes se divide en cuatro partes, a saber: 1) “información que localmente se ha publicado en torno a los hechos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez”, 2) “elementos básicos sobre la actual situación de seguridad pública”, 3) “los principales daños a la vida e integridad personal de personas involucradas en la denuncia y exigencia de justicia en torno a las desapariciones y homicidios de mujeres”, y 4) “las necesidades para tomar medidas urgentes y provisionales para salvaguardar su vida y su integridad personal, así como la de su familia”. 8. Que con respecto al primer punto, las representantes señalaron que la información que se ha publicado en Ciudad Juárez sobre la violencia contra las mujeres “ha sido fundamentalmente la versión oficial del Gobierno de Chihuahua”. Según las representantes, en 1999 la señora Pérez Torres fue contratada por el periódico “El Norte” de Ciudad Juárez, el cual había decidido cambiar su línea editorial en torno a los casos de desaparición y homicidios de mujeres, y se le asignó a ésta la cobertura de dicho tema. Indicaron que hasta que fue despedida, en el año 2005, las publicaciones de la señora Pérez Torres “implicaban buscar la versión de las familias de las víctimas”, y “[l]a confianza ganada respecto de las madres […] permitió conocer con mayor detalle la actuación de las autoridades en las investigaciones”. Asimismo, la publicación de dicha información conllevó a que “las autoridades […] comenzaran a dificultar el acceso a la información y a entrevistas” a la señora Pérez Torres. Finalmente, señalaron que actualmente la versión oficial del Estado “se formalizó a través de la campaña ‘limpiemos Juárez’”, que tiene como fin “limpiar la imagen de la ciudad que [se] consideraba[…] manchada por el mito del femicidio”. 9. Que en cuanto al segundo punto, la situación de violencia en Ciudad Juárez, las representantes describieron la violencia y delincuencia que se ha registrado en la ciudad desde hace diez años y, en particular, cómo ha cambiado en los últimos dos. Según las representantes, la presencia del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez “ha significado una embestida contra la sociedad civil, cometiendo todo tipo de violaciones a los derechos humanos […], cuyos casos los periodistas han documentado”. Concluyeron que “los factores de riesgo para la vida y la integridad de la periodista Pérez Torres se incrementa[n] potencialmente pues existe un entorno mucho más adecuado para la impunidad y para el ejercicio de la fuerza sobre las personas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”. 10. Que con respecto al tercer punto, los daños a la vida e integridad personal de personas involucradas en la denuncia y exigencia de justicia en torno a las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, las representantes brindaron información sobre varias personas vinculadas al caso Campo Algodonero que supuestamente han sido asesinadas. En particular, señalaron que “[a] partir de 2008 las condiciones de trabajo de los periodistas en Ciudad Juárez se han