10 19. En segundo lugar, en lo que respecta al estándar sobre competencia personal indicado en el Considerando 13 inciso b) relativo a que el fuero militar solamente puede juzgar a militares activos, la Corte encuentra que el actual artículo 57.II.a) del Código de Justicia Militar se adecúa al mismo ya que claramente excluye de su conocimiento los casos en los cuales civiles estén involucrados, como sujetos activos o pasivos. 20. En tercer lugar, se efectuaran algunas consideraciones en lo que respecta a los estándares indicados en el Considerando 13 inciso a)49 y c)50, tomando en cuenta los argumentos de los representantes y la Comisión relativos a que la reforma no cumple de forma completa con los mismos (supra Considerando 7 y 8). La Corte advierte que, aun cuando el artículo 57.II.a) del Código de Justicia Militar excluye de dicha jurisdicción la investigación y juzgamiento alegadas violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas contra civiles (supra Considerando 17), continúa contemplando una redacción 51 que no se adecúa a los referidos estándares porque permite que dicho fuero mantenga competencia para la investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos cuando el imputado es un militar y la víctima también es militar, así como respecto de delitos en que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico protegido. Ambos supuestos impiden la determinación de la “estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado” 52. Al respecto, el Tribunal reitera su jurisprudencia en cuanto a que la jurisdicción penal militar debe estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares53 y que todas las vulneraciones de derechos humanos deben ser conocidas en la jurisdicción ordinaria54, lo cual incluye las cometidas por militares contra militares. 21. Por último, la Corte recuerda que en los tres casos, al pronunciarse sobre la adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal militar, se indicó que es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en los mencionados casos55 y que aplican para toda violación de derechos humanos que se alegue hayan cometido miembros de las fuerzas armadas. Asimismo, señaló que “[e]llo implica que, independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar,[…] en el presente caso corresponde a las autoridades judiciales, con base en el control de convencionalidad, disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinario”56. 49 No es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos 50 Sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos por militares activos) que atenten, por su propia naturaleza, contra bienes jurídicos propios del orden militar. 51 Al continuar consagrando en el inciso II.a que son delitos contra la disciplina militar “los de orden común o federal […] que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”, excluyendo únicamente aquellos en que “tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en ley penal como delito”. 52 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 1, párr. 286; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra nota 1, párr. 178, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra nota 1, párr. 162. 53 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 1, párr. 272; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra nota 1, párr. 176, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra nota 1, párr. 160. 54 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 1, párr. 273; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra nota 1, párr. 176, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra nota 1, párr. 160. 55 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 1, párr. 340; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra nota 1, párr. 237, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra nota 1, párr. 220. 56 Cfr. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra nota 1, párr. 237, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, supra nota 1, párr. 220.