1358. El Estado también indicó que registra un total de 372 condenados, de los cuales 30 pertenecen a la Fuerza Pública, 251 hacen parte de grupos paramilitares, 6 hacen parte de las FARC y 85 no registran vinculación. 1359. Agregó que a través de la Resolución No. 0651 de 2017 se conformó un grupo de trabajo para la elaboración del contexto y la investigación de los hechos delictivos relacionados con la UP, que servirá de insumo para la macro imputación a realizar en 2018. 1360. En nota adicional, el 29 de noviembre de 2017, el Estado presentó un listado de las víctimas respecto de las cuales existen investigaciones en curso por los hechos perpetrados en su contra. Señaló que son 1.273 víctimas que coinciden con las víctimas de la Corporación Reiniciar y que están identificadas en las siguientes categorías: (i) dirigente nacional; (ii) dirigente regional; (iii) militantes; (iv) simpatizantes; (v) persona sin participación activa; (vi) víctima sin vínculos con la UP; y (vii) víctimas indirectas. Indicó que por tratarse de investigaciones en curso, los hechos, los victimarios y la responsabilidad, aún no se encuentra probada. 1361. El 1 de diciembre de 2017, el Estado remitió una comunicación a la CIDH para “dar alcance” a su nota del 29 de noviembre del mismo año, señalando que había habilitado un enlace de internet en el que constaban las sentencias en las que se fundamentó para presentar las cifras de resultados de investigación en el último informe. La Comisión toma nota de que dicho enlace de internet no funcionaba, sin embargo, días después el Estado allegó un CD con los documentos. En la información aportada, la Comisión observa que existían sentencias de diferentes instancias judiciales nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como actuaciones de la Fiscalía de Colombia impugnando fallos de jueces internos. La información presentada, en su gran mayoría, estaba relacionada con sentencias condenatorias a grupos paramilitares. 1362. La Comisión toma nota que en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARCEP de 24 de noviembre de 2016, el Estado se comprometió a garantizar la no repetición de los delitos cometidos respecto a la Unión Patriótica. En este sentido se dispuso que el Gobierno Nacional tomaría todas las medidas, incluyendo las pactadas en el acuerdo y cualquier otra que fuera necesaria, para asegurar que ningún partido o movimiento político en Colombia volvería a ser victimizado y que lo ocurrido con la Unión Patriótica no se repitiera jamás. Así, se señaló que al propósito de reconocer, esclarecer y alentar el rechazo de lo ocurrido, deben contribuir el informe y las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; los resultados de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; los reconocimientos de responsabilidad; la verdad judicial y las decisiones que arroje la Jurisdicción Especial para la Paz; y también las medidas de reparación, incluyendo las medidas de reparación colectiva. IV. A. ANÁLISIS DE DERECHO Consideraciones preliminares sobre el reconocimiento de responsabilidad 1363. La Comisión observa que el Estado colombiano efectuó un reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los actos de violencia que se perpetraron en contra de personas vinculadas con la Unión Patriótica. En este sentido la Comisión toma nota que el 15 de septiembre de 2016, el Presidente de la República Juan Manuel Santos llevó a cabo un acto público con integrantes de la Unión Patriótica en el que se expresó sobre la responsabilidad estatal en los siguientes términos: Es en este momento histórico de nuestro país –cuando encaramos el futuro con tanta esperanza–, en el que tenemos que mirar hacia atrás y recordar y reconocer la tragedia de la Unión Patriótica –que el Consejo de Estado ha calificado como exterminio–. Porque la persecución de los miembros de la UP fue eso: una tragedia que conllevó su desaparición como organización política y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia. 186