Los hechos del caso se relacionan con la violación de derechos a los pueblos indígenas Kuna y Emberá que habitan en la región del Bayano como consecuencia de la construcción de un Complejo Hidroeléctrico y las deficiencias y demoras en la titulación colectiva de sus territorios.

La CorteIDH aplicó estándares relacionados con el derecho a la propiedad colectiva y analizó los procedimientos estatales para acceder a la misma, y su protección frente a terceros.