INFORME No. 47/09
PETICIÓN 969-03
ADMISIBILIDAD
BONIFACIO RÍOS AVALOS
PARAGUAY
19 de marzo de 2009
I.

RESUMEN

1.
El presente informe se refiere a la admisibilidad de la petición 969-03. Las
actuaciones fueron iniciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo
sucesivo "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") tras recibir una petición, el 13 de
noviembre de 2003, presentada por Bonifacio Ríos Ávalos, entonces Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República de Paraguay (en adelante “el peticionario”), contra la
República del Paraguay (en lo sucesivo "Paraguay" o "el Estado"), en relación con el juicio
político que se llevó en su contra para removerlo del cargo de Magistrado de la Corte Suprema
de Justicia.
2.
El peticionario sostiene que el juicio político en el marco del cual se resolvió
removerlo de su cargo de Magistrado de la Corte Suprema del Paraguay quebrantó la
independencia del poder judicial puesto que los Magistrados fueron juzgados en virtud de
decisiones adoptadas en uso de sus facultades judiciales. Señala que en dicho juicio político
no contó con las garantías de independencia e imparcialidad de los órganos juzgadores, que
no se le otorgó oportunidad suficiente para preparar o presentar su defensa, que la decisión
no fue motivada y que no tuvo acceso a un recurso sencillo y rápido para proteger sus
derechos, todo lo cual habría constituido violaciones a los derechos a la protección y garantías
judiciales. Afirma además que antes de que se inicie el juicio ya existía un acuerdo político
mediante el cual se había decidido su destitución, y que otros jueces que participaron de las
mismas decisiones judiciales que sirvieron de causales no fueron sometidos al juicio político,
lo que constituiría una violación a su derecho a la igualdad ante la ley. Señala que estos
hechos han sido parte de una campaña de hostigamiento en su contra y se han violado la
dignidad y la honra suya y de su familia, “con el objetivo de pulverizar a la Corte Suprema de
Justicia del Paraguay”.
3.
El Estado, por su parte, sostiene que tanto el procedimiento, como las
autoridades que pusieron en marcha el juicio político contra el peticionario así como también
las causales invocadas para la remoción de su cargo de Ministro de la Corte Suprema de
Justicia, eran los indicados para el efecto en la Constitución Nacional. Agrega que era el clamor
del pueblo la necesidad de limpiar la corrupción en la Corte Suprema de Justicia y que los
hechos alegados no tienden a caracterizar violaciones a los derechos garantizados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo “Convención Americana” o
“Convención”). Afirma que el peticionario ha contado en todo momento con pleno respeto a
las garantías judiciales, su honra y dignidad, el acceso en condiciones de igualdad a las
funciones públicas de su país, la igualdad ante la ley, y la protección judicial.
4.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, en el presente informe la Comisión
concluye que es competente para conocer la petición relacionada con el proceso de remoción
del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia llevado a cabo contra Bonifacio Ríos
Ávalos, en lo referente a las supuestas violaciones a sus derechos a las garantías y protección
judiciales consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con
los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. Decide asimismo que la presente petición no ha
expuesto hechos que tiendan a caracterizar violaciones a los artículos 11, 23(1)(c) y 24 de la

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