Los hechos del caso se refieren al periodista Eduardo Kimel y la publicación de su libro “La masacre de San Patricio”, en el que expuso el resultado de su investigación sobre el asesinato de 5 religiosos. El libro criticó la actuación de las autoridades encargadas de la investigación de los homicidios, entre ellas un juez, quien más tarde promovió una querella criminal en contra Kimel, que concluyó con su condena por el delito de calumnia.

La CorteIDH evidencia el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión en temas de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos, estableciendo que la prevalencia de alguno en determinado caso dependerá de la ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. En el caso, la Corte IDH consideró que la opinión del Sr. Kimel no tenía relación con la vida personal del juez querellante, sino un juicio de valor crítico sobre el desempeño del poder judicial, que no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se refiere a actos oficiales de un funcionario público en el desempeño de su cargo.