Los hechos del caso se refieren al despido de las funcionarias públicas Rocío San Miguel Sisa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña quienes trabajaban en el Consejo Nacional de Fronteras, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. El despido se debería a que ellas habían firmado la solicitud para la realización de referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la Republica.