4 7. Que el representante manifestó que entre el 14 de marzo de 2005 y el 5 de febrero de 2008 se han producido 77 amenazas de muerte, cuatro atentados contra la vida, una desaparición forzada, cuatro desplazamientos forzados, una ejecución extrajudicial, diecisiete intimidaciones, ocho señalamientos, ocho detenciones ilegales, la destrucción del monumento a la memoria que construyeron los familiares de víctimas, siete abusos de autoridad, cuatro ametrallamientos aéreos indiscriminados y, por parte de la guerrilla se han intentado cuatro ingresos con presión a las zonas humanitarias y se han producido dos ejecuciones por ellos. Asimismo, el representante manifestó que “la Fuerza Pública no ha asumido un papel neutral y que las autoridades locales han actuado de manera fraudulenta para que los territorios colectivos sean sembrados con palma de aceite; que se ha visto a autoridades policiales uniformadas y vestidas de camuflaje con las estructuras paramilitares y que estos han iniciado procesos administrativos contra los afrodescendientes y mestizos que han intentado regresar a su territorio de origen”. El representante reconoció que hay una actividad diligente de funcionarios nacionales para atender las emergencias; sin embargo, indicó que ello no se ha traducido en la protección de la vida de los beneficiarios de estas medidas provisionales ni de su territorio. Al respecto, el representante manifestó que las actuaciones llevadas a cabo por el Estado han sido de reacción y no de prevención. 8. Que durante la audiencia pública celebrada, el representante también denunció que se han estimulado procesos de “repoblamiento” de personas que dicen ser habitantes ancestrales del territorio colectivo, pero que nunca habrían habitado allí anteriormente; que se ha ampliado la extensión ganadera en predios de los territorios colectivos en tres ocasiones y la extensión del cultivo de palma en trece sitios; que por ejercer el derecho a la propiedad colectiva los beneficiarios de estas medidas provisionales han sido aparentemente amenazados por empresarios de palma aceitera en ocho ocasiones; que se han dañado las señalizaciones de las “zonas humanitarias” y las “zonas de biodiversidad” en actos de pillaje; que se ha realizado la ampliación de tres áreas de deforestación ilegal y se ha extraído el fruto de la palma permanentemente en presencia de la fuerza pública desde los últimos seis meses, y que se han dañado las cosechas de los campesinos que han regresado a la región y se han destruido y afectado fuentes hídricas sin respuesta por parte de las autoridades estatales. 9. Que el representante reconoció que luego de “casi once años de desplazamiento forzado y siete años de usurpación de la propiedad colectiva de los afrodescendientes por empresarios palmeros”, se ordenó abrir instrucción formal contra 23 empresarios y comisionistas de tierras por los “delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedades y delitos contra el medio ambiente”. No obstante, informó que no existe aún una “decisión de fondo en esta investigación” ni “resultados concretos contra las estructuras paramilitares que han participado en los cultivos de palma”. El representante mencionó que tampoco ha habido una activa y permanente identificación de los funcionarios públicos de nivel local, regional y nacional que supuestamente han colaborado por acción u omisión en tales acciones. Asimismo, el representante hizo mención expresa al proceso No. 979348 en el cual aparentemente el fiscal a cargo del Ministerio Público habría ordenado a “todas estas entidades que tomen las