27 La perito manifestó que en Colombia existen relaciones entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, las cuales persisten hasta ahora. Entre 1997 y 1999 el Estado llevó a cabo una investigación que evidenció que oficiales de la armada trabajaban con paramilitares, compartían inteligencia, planeaban y llevaban a cabo operaciones conjuntas, proveían armas y municiones, y apoyaban con helicópteros y ayuda médica. La señora Kirk expresó que los paramilitares han establecido un patrón claro de operación: siembran rumores de un ataque inminente, pintan graffitis y circulan amenazas escritas. Después, hombres fuertemente armados llegan al lugar y sacan a la gente de sus casas para ser asesinadas. Las fuerzas de seguridad raramente intervienen aun cuando están advertidas con anterioridad sobre los ataques. Dicho patrón fue usado en Mapiripán en 1997. Cuando se llevó a cabo la masacre de Mapiripán, la Séptima Brigada con base en Villavicencio era de las que más activamente apoyaba a los grupos paramilitares. Además, era dirigida por oficiales de alto rango considerados entre los más capaces e inteligentes dentro de las fuerzas armadas colombianas. La perito manifestó que la masacre de Mapiripán fue planeada desde enero de 1997 y que los paramilitares escogieron esa población pues era un centro de comercio de cocaína y, por tanto, un ingreso para las guerrillas, quienes se aprovechaban del comercio tasando las ventas. Según la perito existen oficiales militares que no han enfrentado a la justicia, entre quienes se encuentran el Coronel Carlos Ávila, comandante del Batallón Joaquín Paris, el General Rito Alejo del Río, Comandante de la Décimoséptima Brigada y el General Agustín Ardila, comandante de la Cuarta División al momento de los hechos. La perito manifestó que el Fiscal General solicitó que se abriera una investigación formal contra el Coronel Ávila, con base en que probablemente ayudó a coordinar la llegada de los paramilitares a Mapiripán. Sin embargo, fue promovido a general y en 2003 fue designado para comandar la Séptima Brigada en Villavicencio, la misma brigada implicada en Mapiripán. El mecanismo que sostiene la impunidad en Colombia incluye retrasos prolongados y justificados, llegando a durar siete años o más. Además, los procedimientos que tienen que ver con crímenes contra la humanidad no son conducidos independiente e imparcialmente. En todos los casos las responsabilidades son claras y las autoridades saben con precisión y detalle quiénes ordenaron los crímenes, cuánto costaron, quiénes los planearon y ejecutaron, cómo y cuándo fueron llevados a cabo y a quiénes se beneficiaron con ellos. A pesar de todo esto, ninguno de dichos casos ha culminado con una investigación, sentencia o juicio creíble. Finalmente, existe una gran falla para proteger la seguridad física y psicológica, así como la dignidad, la identidad y la privacidad de las víctimas, los testigos y los investigadores, lo cual les niega su derecho a la justicia. B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL