Los hechos del caso se relacionan con la falta de reparación e indemnización a los familiares de un grupo de personas que fueron asesinadas o desaparecidas entre los años 1973 y 1974, durante la última dictadura militar en Chile como consecuencia de que los tribunales judiciales aplicaran el instituto de la prescripción y rechazaran los reclamos.

En su sentencia, la CorteIDH analiza los hechos desde la perspectiva del derecho de acceso a la justicia en relación con las acciones civiles de reparación de daños consecuencia de hechos calificados como crímenes contra la humanidad.