Los hechos del caso se relacionan con la impunidad del homicidio de Marcia Barbosa de Souza, en junio de 1998. El principal sospechoso de los hechos se amparó inicialmente en la inmunidad parlamentaria que su condición de diputado le daba.

En su Sentencia la Corte analiza el alcance del instituto de la inmunidad parlamentaria y su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo pautas para el análisis de los casos concretos, concluyendo que en el caso de Marcia su aplicación violo el derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, la Corte analizó la respuesta estatal en relación con su deber de investigar, tanto por la utilización de estereotipos de genero cuanto por la violación a la garantía de plazo razonable.