El caso se refiere a la detención y el proceso penal por fraude militar -basado en una serie de irregularidades contables y administrativas- llevado adelante contra 20 oficiales militares argentinos. Los procesos judiciales se iniciaron en octubre de 1980 ante la jurisdicción militar y se sustanciaron de acuerdo con el Código de Justicia Militar de Argentina.

La Corte IDH analizó dimensiones del derecho a la libertad personal y los elementos que se deben observar para que no se constituya una detención arbitraria e ilegal. Además, analizó el alcance del régimen de prisión preventiva y el derecho a las garantías judiciales bajo el funcionamiento y competencia de la jurisdicción militar.