La Comisión ha designado al Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, al Relator Especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza, y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão como sus Delegados. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán y Analía Banfi, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como Asesoras Legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 60/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 60/18 (Anexos). El citado Informe de Fondo fue notificado al Estado de Bolivia mediante comunicación de 18 de julio de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado presentó un escrito mediante el cual expresó su disconformidad con el informe de fondo y solicitó su reconsideración. Dicho escrito hace parte del Apéndice I que será remitido oportunamente. La Comisión destaca que el Estado no efectuó una propuesta puntual de cumplimiento de todas las recomendaciones, incluyendo la reparación a las víctimas. Además, el Estado no efectuó una solicitud de prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones, en los términos requeridos por el Reglamento de la CIDH. En consecuencia, la Comisión resolvió someter el presente caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas del caso. La Comisión somete a la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones que se establecen en el informe de fondo 60/18. Aunque el inicio de ejecución de la desaparición forzada tuvo lugar antes de la aceptación de competencia de la Corte por parte de Bolivia, en atención al carácter continuo de la desaparición forzada hasta la determinación del destino y paradero de la víctima desaparecida, incluyendo la identificación y apropiada de sus restos mortales de ser el caso, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre la misma. En cuanto a las violaciones de los artículos 16 y 23 de la Convención Americana, la CIDH ha entendido que, si una desaparición forzada tiene lugar como represalia del ejercicio de estos u otros derechos, el carácter continuo de la desaparición forzada también resulta aplicable a tales derechos. La Comisión Interamericana solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Bolivia violó los derechos consagrados en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 13, 16, 23 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como de los artículos I a y b) y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Estado de Bolivia: 1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Juan Carlos Flores Bedregal, y de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos. 2. Llevar a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a los derechos humanos declaradas en el informe de fondo, de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan. 3. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe de fondo tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación. Además, el Estado deberá adoptar medidas de satisfacción para la 2

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