La Comisión ha designado al Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, al Relator Especial para la
Libertad de Expresión Edison Lanza, y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão como sus Delegados. Asimismo, Silvia
Serrano Guzmán y Analía Banfi, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como Asesoras
Legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del informe 60/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración
del informe 60/18 (Anexos). El citado Informe de Fondo fue notificado al Estado de Bolivia mediante
comunicación de 18 de julio de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento
de las recomendaciones. El Estado presentó un escrito mediante el cual expresó su disconformidad con el
informe de fondo y solicitó su reconsideración. Dicho escrito hace parte del Apéndice I que será remitido
oportunamente. La Comisión destaca que el Estado no efectuó una propuesta puntual de cumplimiento de
todas las recomendaciones, incluyendo la reparación a las víctimas. Además, el Estado no efectuó una solicitud
de prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones, en los términos requeridos por el Reglamento de
la CIDH.
En consecuencia, la Comisión resolvió someter el presente caso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas del caso. La Comisión
somete a la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones que se establecen en el informe de
fondo 60/18. Aunque el inicio de ejecución de la desaparición forzada tuvo lugar antes de la aceptación de
competencia de la Corte por parte de Bolivia, en atención al carácter continuo de la desaparición forzada hasta
la determinación del destino y paradero de la víctima desaparecida, incluyendo la identificación y apropiada
de sus restos mortales de ser el caso, la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre la misma. En cuanto
a las violaciones de los artículos 16 y 23 de la Convención Americana, la CIDH ha entendido que, si una
desaparición forzada tiene lugar como represalia del ejercicio de estos u otros derechos, el carácter continuo
de la desaparición forzada también resulta aplicable a tales derechos.
La Comisión Interamericana solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de
Bolivia violó los derechos consagrados en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1, 13, 16, 23 y 25.1 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como de los artículos I a y b) y III de
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Estado de Bolivia:
1.
Investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Juan
Carlos Flores Bedregal, y de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y
entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos.
2.
Llevar a cabo los procedimientos internos relacionados con las violaciones a
los derechos humanos declaradas en el informe de fondo, de manera imparcial, efectiva y
dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa,
identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan.
3.
Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en
el informe de fondo tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa
compensación. Además, el Estado deberá adoptar medidas de satisfacción para la
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