37 motivo del supuesto enfrentamiento, más debiera ser utilizada como medida de último recurso. iii. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido 172, lo cual implica un equilibrio entre la situación a la que se enfrenta el funcionario y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda 173. 135. Es imperante que, con el objetivo de evitar confusión e inseguridad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identifiquen como tales y den una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego 174 en todo momento; sobre todo cuando se encuentran realizando operativos y, en especial, en situaciones que por su naturaleza pongan en peligro los derechos fundamentales de las personas. 136. Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica. Además, este principio exige que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley busque en toda circunstancia reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona, así como utilizar el nivel de fuerza más bajo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado. 137. En el presente caso, no obstante la declaración de seis testigos presenciales que señalaron no haber visto armado a Igmar Landaeta, los análisis de traza de disparos y dactiloscópicos sobre su mano derecha arrojaron resultados positivos, por lo que, en el supuesto que éste hubiera disparado a los agentes, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, las medidas utilizadas para repeler la agresión deberían haber contemplado un uso diferenciado de la fuerza. Aún en el supuesto de un enfrentamiento armado, esta Corte considera que, de la prueba evaluada, ambos disparos de los funcionarios estatales fueron extremos, es decir de alto riesgo; el primero en la espalda alta, el cual evidencia ventaja en la posición de los funcionarios y coincide con las versiones de que Igmar Landaeta se encontraba corriendo, y el segundo en el puente nasal de la frente, el cual le ocasionó la muerte con motivo de una contusión cerebral severa. 138. En este sentido, más allá de la supuesta “voz de alto” y los disparos al aire a los que hicieron alusión los funcionarios, quienes no portaban insignias que los identificaran, el Estado no demostró que se hubieran utilizado medidas menos lesivas para alcanzar el objetivo perseguido, consistente en el sometimiento de Igmar Landaeta. 172 Cfr. Inter alia Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 85, y Caso Nadege Dorzema y otros, supra, párr. 85 iii). Cfr. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra, Principios No. 5 y 9. 173 Cfr. Caso Nadege Dorzema y otros, supra, párr. 85 iii), y Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra,, Principios No. 2, 4, 5 y 9. 174 En los supuestos señalados en el Principio No. 9, se considera que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán identificarse como tales y advertirán, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta dicha advertencia, de manera clara su intención de hacer uso de armas de fuergo, siempre que ello no pusiera indebidamente en peligro a dichos, no creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Cfr. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza, supra,, Principio No. 9.